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Frente a la problemática de Michoacán, el gobierno del Presidente Enrique Peña tuvo en una primera fase una actuación errónea. Pero en los dos últimos meses hubo importantes correcciones y resultados innegables.

El gobierno decidió actuar con decisión contra la causa de la aparición de las autodefensas: el expolio impuesto a los michoacanos por el grupo criminal de Los Templarios.

Si se cumplen los acuerdos signados entre las autodefensas y el gobierno federal, ganará Michoacán, ganará el país.

Las autodefensas se desarmarán y algunos de sus integrantes se incorporarán a las policías rurales bajo el control del ejército. Por su parte el gobierno federal continuará su acción hasta limpiar Michoacán de Los Templarios (y de sus protectores).

El gobierno del Presidente Enrique Peña, en la etapa más reciente de su intervención en Michoacán, ha tenido innegables logros: haber dado muerte a Nazario Moreno, máximo líder de Los Templarios cuando intentó detenerlo; la aprehensión de Dionicio Loya y el abatimiento de Enrique Plancarte dos de los principales jefes de la organización criminal y, la detención y arraigo – por presuntamente proteger a todos los anteriores- de Jesús Reyna, el hasta entonces secretario de gobierno y brazo derecho del gobernador Fausto Vallejo.

Los habitantes del Estado de México y en particular los del Valle de México, han padecido un verdadero infierno de inseguridad desde hace más de 30 años.

Entre 1980 y 1981, cada fin de semana, en la zona fabril de Naucalpan, Tlanepantla y Cuautitlán, agentes del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (BARAPEM) atracaban a obreros que acababan de cobrar su sueldo. Primero eran decenas las víctimas, después cientos y hasta miles.

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