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Semanas antes de los comicios locales de Michoacán, celebrados en noviembre de 2011, Felipe Calderón creía haber casi acabado con el grupo criminal La Familia, que para entonces ya se había dividido y dado lugar a Los Templarios.

Cuando estos gracias a la violencia e intimidación decidieron la elección, Calderón y los calderonistas se dieron cuenta que los criminales que han mangoneado Michoacán son, como se dice de las cucarachas, capaces de sobrevivir una guerra nuclear.

La exigencia de las autodefensas es simple: se desarmarán cuando el gobierno de Enrique Peña haya detenido o dado muerte a los principales líderes de la organización criminal que se hacen llamar Los Caballeros Templarios y, además y por supuesto, cese la extorsión y otros abusos que llevaron a ciudadanos otrora pacíficos a tener que defenderse a mano armada.

Pero la exigencia razonable y por demás justa de que se restaure el estado de derecho y se erradique por completo a esa y demás organizaciones criminales de Michoacán, no es algo que sea prioridad ni mucho menos del gobierno federal.

Michoacán fue el estado donde Felipe Calderón comenzó su guerra contra el narco en 2006. Los acontecimientos violentos de esta semana resaltan que la contienda no ha terminado todavía.

Este lunes 22 de julio un contingente armado atacó una manifestación de protesta convocada por un "grupo de autodefensa" frente a la presidencia municipal de Los Reyes que protestaba por las extorsiones y los actos de violencia de Los Caballeros Templarios. Cinco personas murieron y siete quedaron lesionadas.

Si las autodefensas surgieron en Michoacán (además de Guerrero) no fue producto de la casualidad.

Si en varios puntos de Michoacán grupos de ciudadanos no tuvieron más remedio que tomar las armas para defenderse, ello fue resultado de que ya no pudieron soportar más la explotación y abusos de Los Templarios.

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