¿Sigue el Distrito Federal?

La capital del país apenas había sido alcanzada por la narco-violencia que ha azotado al país en los últimos 6 años y ha cobrado más de 70 mil vidas. No es que en el Distrito Federal no hubiera levantones y asesinatos, sino que su magnitud comparativamente dista de los niveles alcanzados en Juárez, Tijuana, Torreón, Culiacán, Acapulco, Monterrey o Nuevo Laredo.

Además, en el DF se redujo la incidencia de los delitos del fuero común que entre 1997 y 1998 alcanzaron su punto máximo. Esto último fue resultado de que los gobernantes perredistas fueron pragmáticos y se olvidaron respecto al tema de sus dogmas. Aunque en forma parcial, aplicaron las recomendaciones que hizo Rudolph Giuliani y en las que, desde antes, habíamos venido insistiendo.

Pero en la contención de la narcoviolencia hubo otra cosa. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas tomó el poder en diciembre de 1997 parecía que la “plaza” quedaría en manos del Cártel de Tijuana, pero los cárteles rivales, sobre todo los sinaloenses, la disputaron. Mucho del pleito pasó por apoderarse del mayor número de antros que fuera posible. Para 2003 era claro que la “plaza” era de los sinaloenses y eso garantizaba cierta “paz”. Pero en 2008 los sinaloenses se pelearon. Al principio el gobierno de Marcelo Ebrard tomó partido y de ahí el atentado contra un alto jefe de la policía capitalina y la tragedia del News Divine.

Entrarle al pleito no parecía conveniente. Entonces se logró un insólito pacto: mientras estaban en “guerra” en el resto del país, en el DF los sinaloenses acordaron respetarse sus respectivas parcelas. La Hermandad y Genaro García fueron los garantes del pacto.

Con la desaparición de 12 (o 13) personas de Tepito en el antro Heaven (o donde haya ocurrido), el pacto que garantizó la “paz” podría estar por romperse, con el agravante de que hay nuevos competidores. Y estos no son los grupos locales, pues ellos siempre responden a los grandes cárteles.

Si la capital se convierte en una Juárez ¿qué será del país? El riesgo debería alarmar y ocupar no sólo a Miguel Ángel Mancera, sino a Enrique Peña. La seguridad debe ser la principal prioridad del Presidente, porque así lo impone la realidad y debe revisar sus erróneas políticas al respecto.