Una incógnita y dos pendientes

El gobierno de la República arrancó a toda velocidad y con éxito. Ahí están, como prueba, las reformas laboral, educativa, de telecomunicaciones y financiera.

En materia de seguridad también ha habido un giro con doble objetivo: cambiar la narrativa, como ahora se dice, y modificar la estrategia. La nueva narrativa omite el término "guerra contra el narcotráfico", y el recuento de los hechos violentos ha pasado a tercer plano.

Dentro de esos nuevos lineamientos hay uno que llama la atención y preocupa: la decisión de la PGR de reservar por 12 años la información referente al combate al crimen organizado, con el argumento que se puede prestar para uso indebido. Preocupa, porque resultará imposible evaluar la nueva estrategia del gobierno si se desconoce qué pasa con los diferentes cárteles.

Las razones del cambio de la narrativa son varias, pero hay una principal: el discurso oficial tiene efectos en la percepción de la población. El mejor ejemplo, se dice, es Yucatán. Porque, aunque tiene uno de los índices más bajos de violencia del país y del mundo, las encuestas muestran que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los yucatecos.

El argumento es, sin duda, atendible. Pero también es cierto que ninguna entidad vive al margen de lo que pasa en el resto del país. Además que los niveles de violencia cuantitativa (60 o 70 mil muertos) y cualitativa (el grado de brutalidad y salvajismo) no tienen precedente en la historia. A lo que hay que agregar que el fenómeno se ha expandido repetidamente a otros estados de la República.

De modo tal, que la preocupación de los yucatecos no es consecuencia del delirio de una noche de verano o del peculiar ADN de los paisanos de Armando Manzanero, sino del hecho que la casa del vecino está ardiendo y las llamas los pueden alcanzar tarde o temprano.

En el plano del comando y coordinación de los organismos de seguridad, la novedad está en la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y su integración a la Secretaría de Gobernación. De ese modo, se reconoce que el combate al crimen organizado no es un asunto estrictamente policiaco, sino que tiene una dimensión política, vinculada a la seguridad nacional.

El secretario de Gobernación funge ahora como el responsable de la seguridad interna y eso le permite efectuar una verdadera coordinación de los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) e imprimir dirección a las dependencias federales (Ejército, Marina, PGR y Policía Federal).

Dicha reorganización ha tenido efectos sobre las formas de interacción con las agencias de Estados Unidos. Ahora, como mucho se ha repetido, hay una sola ventanilla situada en Bucareli. Procedimiento que ha roto el desorden que imperaba en las relaciones con la DEA y otras agencias de seguridad.

El gobierno federal tiene la certeza que el problema de la violencia es complejo y llevará tiempo alcanzar resultados. De ahí que haya corregido la oferta que hizo Peña Nieto durante su campaña: reducir los delitos de alto impacto (asesinato, secuestro y extorsión) en 50 por ciento el primer año de su gobierno. Ahora se habla de un año, como plazo razonable, para una primera evaluación sin establecer metas concretas.

Dicho eso, hay dos vertientes de la nueva estrategia que se han estado implementando a paso lento, sobre todo si se compara con la velocidad que se ha avanzado en otros rubros.

El primero de esos soportes es la gendarmería nacional, que no supone la desaparición de la Policía Federal, y tendrá funciones diferentes. Se tratará de un cuerpo -inicialmente de 10 mil elementos- que se irá fortaleciendo hasta alcanzar los 40 mil efectivos y que, a la larga, sustituirá al Ejército y la Marina.

Pero la lentitud con que se avanza en la creación de la gendarmería nacional -ya se anunció su presentación publica el próximo 16 de septiembre- contrasta con los niveles de violencia que se viven en estados como Tamaulipas y Michoacán, donde urge poner orden y restaurar el Estado de derecho.

El otro soporte es el mando único de los cuerpos policiacos en cada una de las entidades de la Federación. Esa tarea se está emprendiendo, pero la velocidad la imponen, en cada estado, las negociaciones entre el gobernador y los presidentes municipales. Así que, pese a que el gobierno federal impulsa y favorece ese mecanismo, no hay ley ni plazo perentorio para alcanzar esa meta.

¿Es suficiente que así sea? No, no parece ser el caso. Porque la realidad es desastroza. Para entender el estado lamentable de las corporaciones policiacas basta citar dos datos: de los 160 mil policías municipales que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2011, el 60 por ciento percibía un salario menor de 5 mil pesos mensuales y el 70 por ciento sólo tenía escolaridad básica -o menor. Lo que explica que las corporaciones municipales sean fácilmente corrompidas por el crimen organizado.

Por último, están las señales y el principio mismo del Estado de derecho. A la intervención de la Policía Federal en la Autopista del Sol ha seguido el repliegue y la impunidad para todos aquellos que violan abiertamente la ley.

Por eso, la gran incógnita es si el gobierno federal está realmente dispuesto a imponer el Estado de derecho y asumir el mensaje que el presidente Peña Nieto ha repetido en varias ocasiones: la impunidad ha quedado atrás; quien viole la ley deberá atenerse a las consecuencias.

Esos son los pendientes y la incógnita que pesan sobre el gobierno de la República. La violencia y la inseguridad siguen allí. A un ritmo de mil asesinatos mensuales terminaríamos el sexenio con 72 mil cadáveres.