La consolidación de la seguridad en Colombia

En las sociedades modernas resulta claro que la seguridad, más que un fin en sí misma, es la base sobre la cual se puede construir un porvenir de progreso y de justicia social. El objetivo fundamental del gobierno del presidente Uribe ha sido, desde el primer día, avanzar hacia una Colombia más segura, libre de las amenazas que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, donde la autoridad legítima del Estado promueva el desarrollo económico y social de todos los colombianos.

Estos propósitos se plasmaron, durante el periodo 2002-2006, en lo que se conoció como Política de Defensa y Seguridad Democrática, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública.

El objetivo fundamental de dicha política fue la recuperación del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional, particularmente aquel afectado por la actividad de grupos armados ilegales y narcotraficantes.

Al término de la primera administración, los resultados fueron contundentes. La percepción de seguridad en los colombianos había mejorado ostensiblemente y, con ella, la confianza inversionista y el progreso social.

Entre el año 2002 y el 2006, para citar sólo algunos indicadores, se redujeron el número de homicidios en un 40%, el número de secuestros extorsivos en un 83%, el número de víctimas en homicidios colectivos en un 72%, los atentados terroristas en un 61% y los secuestros en retenes ilegales en un 99%.

Sin embargo, al iniciar el segundo periodo, el 7 de agosto de 2006, como ocurre en todo proceso dinámico, muchas cosas habían cambiado: las diferentes amenazas se comenzaban a adaptar a las nuevas circunstancias, y se hacía necesario continuar con otros énfasis y bajo distintos parámetros.

Por ejemplo, con la desmovilización de los grupos ilegales de autodefensa y el inicio de la aplicación de la llamada ley de justicia y paz, terminó el fenómeno del paramilitarismo en el país. No obstante, surtida la desmovilización de sus líderes y de cerca de 32 mil de sus integrantes, surgieron, en algunas de sus antiguas zonas de influencia, bandas criminales al servicio del narcotráfico, contra las cuales se requiere una nueva estrategia.

Las FARC, por su parte, se rindieron a la evidencia de que no podían desarrollar una guerra de movimientos y fueron forzadas a retroceder a la fase de la guerra de guerrillas, con emboscadas esporádicas, rápidas huidas y acciones terroristas.

Los narcotraficantes también se transformaron para adaptarse a la ambiciosa estrategia antinarcóticos del Gobierno y la Fuerza Pública, y pasaron de sembrar grandes extensiones de cultivos ilícitos a pequeñas parcelas en sitios de difícil acceso y camufladas con cultivos legales.

En suma, después de cuatro años, la Política de Defensa y Seguridad Democrática requería un ajuste para adaptarse al nuevo escenario estratégico y para pasar, además, del objetivo inicial del control territorial por la Fuerza Pública al de la recuperación social del territorio mediante la acción integral del Estado.

El resultado de este ajuste, después de un riguroso proceso de análisis en el Ministerio de Defensa Nacional, en el que participaron activamente, el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional, así como altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, es la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), la cual hemos ido implementando desde el comienzo del segundo periodo del presidente Uribe y hoy plasmamos en el presente documento.

Ya hemos alcanzado el control de la inmensa mayoría del territorio nacional. Ahora nos corresponde consolidar dicho control, lo que exige, además de la presencia de la Fuerza Pública, la llegada del Estado en todas sus expresiones, a través de sus diversas entidades y agencias.

Se trata de garantizar el retorno de la institucionalidad que termine definitivamente con el aislamiento al que la violencia había condenado a muchas zonas del país.

Sobre cinco objetivos estratégicos y a través de 28 planes, programas e iniciativas, liderados por gerentes ejecutores, con seguimiento y control de resultados, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática será la encargada de llevar al país a un escenario definitivo de retorno de la institucionalidad.

Esta política constituye la guía orientadora, el mandato del Presidente de la República y el Ministerio de Defensa Nacional respecto a las prioridades, los criterios y la organización de los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el cumplimiento de su misión constitucional, durante el segundo periodo de gobierno del presidente Uribe. Es, en síntesis, la política de defensa nacional de Colombia para el periodo 2006-2010.

La PCSD incluye elementos novedosos como la puesta en práctica de la estrategia de consolidación territorial en tres fases, aplicables a las diferentes zonas del país, según las características de seguridad de cada una. De acuerdo al grado de presencia y amenaza de los grupos armados ilegales, narcotraficantes y bandas criminales, habrá mayor o menor intensidad en la realización de operaciones militares o en la presencia de la Policía, hasta que pueda garantizarse la normal actividad de todas las entidades del Estado.

Con la Doctrina de Acción Integral, dentro del objetivo de consolidación del control territorial, se combina el uso legítimo de la fuerza con la acción social del Estado y la comunidad, de forma que los miembros de la Fuerza Pública apliquen principios y protocolos para adelantar una adecuada coordinación con los representantes de las demás instituciones del Estado.

La Fuerza Pública trabajará estrechamente con el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), donde éste haga presencia, y, cuando esto no ocurra, adelantará con las autoridades locales, y las agencias del Estado que se encuentren en la zona, coordinando labores de carácter social que satisfagan las necesidades más urgentes de la población.
Un aspecto importante en la lucha contra el narcotráfico, para adaptarla a las nuevas condiciones de los cultivos, es el mayor énfasis que vamos a dar a la erradicación manual, que presenta ventajas por su precisión y por la durabilidad de sus efectos. Sin embargo, no se renunciará a la aspersión aérea, que seguirá utilizándose cuando las circunstancias y la extensión de los cultivos lo ameriten.

Si los criminales cambian, así mismo deben cambiar las estrategias para combatirlos, y por eso el principio de la flexibilidad será uno de los rectores de esta política.También se prestará especial atención al mejoramiento de la seguridad urbana, foco neurálgico de las preocupaciones de los ciudadanos, cuya tranquilidad se ve afectada por la acción de bandas organizadas de delincuencia común dedicadas al hurto en todas sus expresiones, el secuestro y la extorsión.

Mediante una estrategia de seguridad ciudadana se darán herramientas adicionales a la Policía Nacional para desarticular a los grupos y bandas responsables de la comisión de delitos de impacto en las ciudades y centros urbanos.

Finalmente, -y sin pretender agotar en esta presentación todos los aspectos que conforman la PCSD-, ésta incluirá reformas estructurales en diversas áreas como la justicia penal militar, la definición de roles y misiones, y la educación de la Fuerza Pública, entre otros. Se configurará y aplicará una política integral de derechos humanos que genere un proceso sistemático de transformación a largo plazo hacia una cultura fortalecida de respeto a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

Igualmente, realizaremos, en el segundo periodo del presidente Uribe, inversiones extraordinarias para mejorar la movilidad de las Fuerzas Armadas, aumentar su capacidad de inteligencia contra los delincuentes, incrementar el pie de fuerza y mantener las capacidades estratégicas mínimas.

La inteligencia pasará a jugar un papel preponderante en esta etapa de consolidación, y trabajaremos en su fortalecimiento, promoviendo la expedición de una ley que regule su funcionamiento. Sólo con una inteligencia adecuada y moderna podrá la Fuerza Pública ser exitosa en su misión de desarticular las organizaciones criminales y combatir el terrorismo.

La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, que orgullosamente presentamos al país, representa un paso adelante en el propósito nacional de recuperar a Colombia de la nefasta influencia de los violentos y corruptos, y llevarla por caminos de progreso y justicia social.

Representa, además, una continuidad sobre la política aplicada en el primer periodo del gobierno Uribe, en un esfuerzo por hacer de ésta una política de Estado. La estrategia de seguridad democrática ha demostrado tener todos los elementos para convertirse en el eje de una política de seguridad permanente y de largo plazo, de forma que el país no siga sometido a los vaivenes de estrategias de seguridad coyunturales.

Cumplido algo más de un año desde cuando comenzamos a diseñar y aplicar la PCSD, se perciben sus resultados en el incremento de desmovilizados, el mantenimiento de la tendencia decreciente de los delitos, y la captura o abatimiento de peligrosos criminales. Son frutos obtenidos gracias al profesionalismo y el sacrificio de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que no dejan un solo día de trabajar por la seguridad y tranquilidad de los colombianos.

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