El Programa de Prevención del Delito carece de sentido común

Roberto Campa, subsecretario de Gobernación y responsable del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, hizo dos afirmaciones notables: 1) la meta de reducir los delitos de alto impacto (extorsión, derecho de piso, secuestro) en 50 por ciento durante el primer año de la nueva administración es inalcanzable; 2) el Programa de Prevención no dará resultados inmediatos, pero sus efectos se podrán medir y cuantificar.

Y en efecto, la realidad es que la violencia y las manifestaciones de descomposición siguen allí. Los últimos hechos: el atentado de policías estatales contra el procurador de Morelos, la violación de las seis españolas en Acapulco, los 2 mil 243 asesinatos en los dos primeros meses del gobierno de EPN, la aparición de policías comunitarias en Guerrero y el incremento del secuestro en 137 por ciento durante el sexenio de Felipe Calderón confirman la gravedad de la situación.

Nadie tiene por qué esperar soluciones milagrosas en unos cuantos meses. El fenómeno de la vio- lencia es de una enorme complejidad. Pero lo que sí preocupa es que el discurso oficial ponga el énfasis en el Programa de Prevención del Delito para marcar la diferencia sustantiva respecto de lo que se hizo durante la presidencia de Felipe Calderón.

La primera objeción es de mero sentido común. ¿Qué se pensaría del jefe un cuerpo de bomberos que ante el incendio de una amplia zona urbana o de un bosque, que exige extinguirlo por todos los medios al alcance, convocara a una conferencia de prensa para anunciar un programa de prevención de fuegos que no tendrá resultados inmediatos, pero sí fomentará una cultura contra la piromanía?

La metáfora se sostiene por sí sola. El fenómeno de la violencia y del crimen organizado ha alcanzado tal gravedad que la tarea inmediata debe ocupar todos los recursos y la inteligencia para combatirlo. En ese sentido, ningún programa de prevención es despreciable en tanto se entienda que la solución del problema no vendrá de allí.

De hecho, el diagnóstico en el que se funda la estrategia de prevención del delito no se sostiene racional ni empíricamente. Racionalmente, porque es de sentido común diferenciar entre lo urgente y lo secundario.

Empíricamente, porque la espiral de la violencia se disparó en el sexenio de Felipe Calderón, pero la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades habían estado allí por décadas.

Las cifras no mienten. Entre 1992 y 2007 la tasa nacional de homicidios disminuyó drásticamente al pasar de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que pasó después rompió todos los patrones. En 2008 hubo 5 mil 500 más homicidios que en 2007, y en 2009, 5 mil 800 más que en 2008. Fue por esas cifras que al final del sexenio el número de muertos superó los 50 mil asesinatos.

Y para medir la gravedad de la situación basta extrapolar el promedio de asesinatos por mes (mil 71), en lo que va del nuevo gobierno: si esa tendencia se mantuviera, cerraríamos el final del sexto año con 77 mil 148 muertos (en la guerra de Vietnam murieron 56 mil soldados estadounidenses).

La espiral de la violencia que se registró durante el gobierno de Felipe Calderón parece tener tres explicaciones relevantes: una se refiere al contexto: la transición y la alternancia conllevaron una mayor autonomía de los estados de la federación, que corrió paralela a la debilidad de los municipios. Se fracturó definitivamente la cohesión del priato.

Otra de orden criminal: durante mediados de los años noventa los cárteles mexicanos se fortalecieron y desplazaron a los colombianos como principales surtidores de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. La enorme cantidad de recursos económicos que recibieron y reciben potenciaron su capacidad de fuego y corrupción.

Por último, la ofensiva indiscriminada que lanzó el gobierno de Felipe Calderón, contra todos los cárteles al mismo tiempo, produjo una suerte de metástasis: el descabezamiento sistemático de las organizaciones criminales las fragmentó y agudizó los enfrentamientos y los niveles de violencia.

El mejor y más alarmante indicador de las consecuencias indeseadas, de la estrategia trazada, se puede resumir en un dato: al final del sexenio de Calderón, el cártel más sanguinario y con prácticas que lastiman directamente a la población emergió como la organización más poderosa y la única capaz de desafiar al cártel de Sinaloa... Los Zetas.

Las enseñanzas que dejaron estos años son importantes y deberían ser tomadas en cuenta por el nuevo gobierno. Enumero las principales: No se puede pelear contra todos los cárteles al mismo tiempo. No todos los cárteles son iguales. Las prioridades de Estados Unidos no son las mismas que las de México.

Las labores de inteligencia son fundamentales. Urge profesionalizar y modernizar a las policías. La unificación de los mandos policiacos en cada estado es urgente. La detención de grandes capos es la salida mediática, que conviene a la DEA, pero no es efectiva.

De entre todas esas enseñanzas, hay dos que son particularmente urgentes: promover el mando único de las policías estatales y municipales en cada estado; fortalecer la Policía Federal Preventiva, tal como está o bajo la denominación de la Gendarmería Nacional.

El gobierno de Peña Nieto no tiene tiempo que perder. El malestar de los ciudadanos es real y fundado. El 83 por ciento de la población, que condenó indignada la liberación de Florence Cassez, condenará, más temprano que tarde, al gobierno federal si no ofrece resultados.