Y… ¿dónde está la estrategia de seguridad?

Hay claros indicios de que al inicio de la administración de Enrique Peña la situación de la seguridad pública en México no mejora, sino que incluso empeora.

No se trata sólo del repunte de la violencia de los grupos criminales, que al final de la administración anterior daba visos de empezar a bajar. El surgimiento de llamados grupos de autodefensa en Guerrero revela -además del empeoramiento objetivo de la seguridad- la debilidad del Estado ante el hampa y el hartazgo de los integrantes de un número creciente de comunidades.

Pero el hartazgo no sólo es en Guerrero. También se le percibe muy claramente en Michoacán, Morelos, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y el Estado de México.

Entonces la pregunta obligada es: ¿cuál es y dónde está la estrategia de seguridad del nuevo gobierno? Pues hasta ahora lo que se ha visto es el mero reaccionar, mediante movilizar al ejército en calles y caminos y la instalación de retenes, medida ineficaz y violatoria de garantías fundamentales. Esto es, el mismo tipo de estrategia reactiva que sus opositores criticaban a Felipe Calderón.

El nuevo gobierno ha dicho que sus estrategias de seguridad pública consisten en un programa de prevención del delito basado en políticas “sociales” (más subsidios) y la creación de la gendarmería nacional, políticas que, suponiendo sin conceder, fueran eficaces, tendrían resultados en el largo plazo. Y en tanto ¿qué?

Hay, claro, alternativas a las medidas reactivas y poco eficaces, como a la política errónea de pretender prevenir el delito con “políticas sociales” o al proyecto de crear una policía única. En ellas hemos insistido.

La primera es hacer efectiva, cuanto antes, la responsabilidad de las autoridades de seguridad pública y sus mandos políticos en controlar el crimen. Los gobiernos estatales se han fijado metas para reducir los delitos, pero su incumplimiento no les ha traído consecuencias. Deben empezar a tenerlas, según la máxima de que quien no cumple se debe ir.

La segunda alternativa es abatir la impunidad, ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes y elevar las tasas de castigo. Y en este caso, igualmente, deben fijarse metas pero imponerse sanciones a quienes incumplan y no empiecen a dar resultados, ¡ya!