Las víctimas quieren justicia, no dinero… ajeno

La nueva Ley General de Víctimas es un caso representativo de falsas soluciones a los problemas al estilo del “Estado de bienestar”. Su aplicación no traerá a las víctimas del delito lo que requieren y buscan, que es justicia, sino que al repartir dinero público para supuestamente reparar daños, terminará por victimizar…a los contribuyentes.

El modelo de “Estado de bienestar” -el mismo que se desmorona en Europa- se basa en la visión colectivista y socialista de que los individuos no somos importantes, sino lo que importa es precisamente el “colectivo”.

En este esquema las responsabilidades individuales se diluyen. Entonces si alguien decide procrear, al final sus niños terminan siendo mantenidos por quienes no los procrearon; si a una persona la victimiza un individuo concreto, ese individuo no es el que es obligado a resarcir a su víctima, sino otros ¡que no tuvieron participación en el delito!

El principio número uno de la justicia penal es el que la hace, la paga. La nueva ley subvierte ese principio. Ahora quién la pagará será…el contribuyente. A las victimizaciones primaria y secundaria de quien sufrió el delito, ahora se sumará la victimización de los contribuyentes. Pero contribuyentes somos casi todos: las víctimas sufrirán una tercera victimización.

Hay, claro, alternativas a este absurdo. Lo primero es que haya menos víctimas, que la incidencia criminal se reduzca, que esa sea la misión número uno del Estado. Lo segundo es abatir la impunidad: que haya castigo para los responsables de la gran mayoría de los delitos, en lugar de para una ínfima minoría, como ahora. Ese es además el mecanismo más efectivo para prevenir el delito, para que haya cada vez menos víctimas.

Lo tercero es que, para garantizar justicia, las víctimas sean protagónicas en el proceso penal y se ponga fin al monopolio de la acción penal del ministerio público. Lo cuarto es garantizar el resarcimiento mediante el embargo precautorio de los bienes de los inculpados.

Y lo quinto es que si hay indemnizaciones de carácter “público”, estas salgan de los bolsillos de los responsables de la seguridad pública que incumplieron con su obligación, ¡no de los bolsillos de quienes no tenemos esas responsabilidades!