Regalar dinero no previene el delito

Dos cosas inquietan del anunciado Programa Nacional de Prevención del Delito del flamante Presidente Enrique Peña: que se le presenten como algo diferenciado de la seguridad pública y que, al parecer, por prevención el nuevo gobierno entienda no la acción de la policía para impedir delitos (o reducirlos), sino el reparto de subsidios.

Si la policía (uniformada) originalmente se llamaba “preventiva”, es porque su función primordial era prevenir el delito, impedir que ocurriera, gracias a su presencia disuasiva. También debía reaccionar, pero esta era una función secundaria y más bien señal de que había fallado en su tarea primaria.

Cuando en México y en el mundo se invirtieron las funciones de la policía y se impuso el llamado “paradigma del 911”, se generalizaron las crisis de seguridad pública. La policía ya no actuaba para prevenir el delito, sino que esperaba a que sucediera para reaccionar, con la consiguiente incidencia criminal siempre al alza.

Por eso, la noción de una prevención del delito que no sea parte de un plan general de seguridad pública es errónea, pues supone que no es a la policía a quien corresponder prevenir, sino a los políticos, cuando regalan dinero con programas como “Todos somos Juárez”. Estos programas son demagogia; aportan nada a reducir la incidencia criminal. Peor aún, justifican la delincuencia, pues pretenden -“por las buenas”- dar a los delincuentes el dinero de quienes no delinquen, para que no lo tomen “por las malas”.

Lo primero para prevenir el delito es que la policía no sea criminógena, es decir, que no genere crimen, que los agentes del orden ni participen directamente en delitos ni protejan delincuentes.

Lo segundo es que la permanencia de los policías en sus puestos dependa de que, cada vez más, hagan descender los índices criminales en sus áreas de responsabilidad.

Y lo tercero es abatir la impunidad. Hay más de 800 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, que equivale a similar número de presuntos delincuentes libres de seguir delinquiendo. Esas órdenes deben ejecutarse ya. Asimismo debe cuando menos recuperarse la tasa de castigo de homicidio de 2005, que fue de 42 condenas por cada 100 asesinatos y en 2011 cayó a 16 por cada 100.