Satanizar al ejército para hacer felices a los capos

Después de que concluya el mandato del presidente Felipe Calderón, mandos de las fuerzas armadas podrían ser sometidos a procesos penales, como si fueran genocidas.

El “pecado” por el que esos mandos podrían ser castigados, es por haber cumplido órdenes y tratado de proteger al país del asalto que ha sufrido en estos años por parte de los grupos criminales.

Por indeseable que resulte tal escenario, no constituye una posibilidad remota o una suposición descabellada. El camino que conduciría a tal escenario ha sido construido desde el momento en que el presidente Felipe Calderón decidió recurrir a las fuerzas armadas para resistir al crimen organizado, pues las policías locales de varias entidades federativas han sido capturadas precisamente por los grupos criminales. Y precisamente en ello diferentes actores han visto la oportunidad de obtener lucro político.

La leyenda negra construida por esos actores ha consistido en achacar la escalada de violencia a la decisión de Calderón a recurrir a las fuerzas armadas, lo cual equivale a decir que lo que produce la infección en el enfermo no son los agentes patógenos sino los antibióticos con los cuales se le trata. Por tanto, no se puede descartar la posibilidad de que Felipe Calderón y altos mandos del ejército en el futuro sean formalmente acusados de más de 50 mil muertes, aunque no hayan sido causadas por las fuerzas del orden, sino precisamente por los grupos criminales.

Utilizando como premisa tal leyenda negra, actores políticos presionan para que el ejército regrese cuanto antes a sus cuarteles. Entre estos actores destacan el ex presidente Vicente Fox, por un lado y, por el otro, el rector de la UNAM, José Narro y dos figuras más de la burocracia universitaria: Sergio García Ramírez y Jorge Carpizo (quienes en su momento ocuparon el cargo de procurador general de la República).

Replegar hoy a las fuerzas armadas en lugar de hacer disminuir la violencia la escalaría, además de que aliviaría la presión que agobia a los grupos criminales. De modo que la pregunta que los promotores de la claudicación deben responder es: ¿por qué si saben el efecto pernicioso que tendría para el país el repliegue del ejército, porfían en demandarlo?