Los gobiernos locales incumplen sus obligaciones, pero también el gobierno federal las suyas

Ante el repunte de los homicidios dolosos, en particular en estados que en el sexenio anterior fueron duramente azotados por la violencia (Baja California, Chihuahua) y ante la persistencia sin fin de los focos rojos que son Guerrero y Tamaulipas, el presidente Enrique Peña expresó que la responsabilidad central de esta problemática recae en las autoridades locales.

El Presidente también manifestó que el problema se ve agravado por la renovación de los mandos políticos de los gobiernos, lo que impide la continuidad en los avances para fortalecer las instituciones de seguridad pública. Es decir, que no hay políticas de Estado que trasciendan los relevos políticos.

Eso es fundamentalmente cierto por las razones ya conocidas pero que no sobra repetir: la responsabilidad primordial de controlar al delito del fuero común recae en las autoridades locales, en particular en las estatales, las cuales además de las obligaciones de prevenir el delito tienen las de perseguirlo.

La culpa de este incumplimiento no puede atribuirse más que a las propias autoridades locales. Al respecto no caben los pretextos ni de la falta de recursos ni de la falta de apoyo del gobierno federal. En términos reales (descontada la inflación) los recursos para la seguridad pública y en general para el sistema de justicia penal aumentaron sustancialmente en los últimos 10 años, son casi el doble de los que se disponía hace una década.

Asimismo el gobierno federal ha estado ahí cada vez que los gobiernos locales han solicitado apoyo.

Y ¿cuál ha sido el resultado de más recursos y mayor despliegue de fuerzas federales en la seguridad pública de muchas entidades federativas?

Veamos el caso de Tamaulipas. Desde 2010 existe una fuerte presencia de fuerzas federales, en especial del Ejército y la Marina y sin embargo estas no pueden retirarse a sus cuarteles porque las policías locales y la procuraduría local son tan ineficaces, ineficientes, corruptas y coludidas con el hampa como lo eran hace siete años.

Las autoridades locales y en particular los gobernadores no han hecho su tarea. Pero no sólo frente a la delincuencia en la que participa el crimen organizado, sino incluso en la que no participa. En los últimos 10 años las procuradurías consiguen cada vez menos imputaciones y condenas en delitos tales como violación, lesiones dolosas y robo, respecto a los cuales no cabe el pretexto de la participación del crimen organizado.

Pero tampoco el gobierno federal ha hecho bien su tarea, en dos aspectos que le corresponden: en reducir el poder de los grandes grupos criminales y en asumir el liderazgo ineludible en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si los homicidios dolosos repuntan, si la extorsión se mantiene y si ha costado tanto trabajo disminuir la incidencia de secuestro es porque no importa cuántos líderes criminales hayan sido detenidos o muertos, las estructuras del crimen organizado se han mantenido en pie. Y no puede alegarse que esto ocurre a causa del narcotráfico, pues por muchas décadas ahí estaba el tráfico de drogas sin que ello implicara un elevado nivel de violencia.

Por lo que hace al liderazgo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que corresponde de manera natural al ejecutivo federal, quepa recordar que en 2011 –a iniciativa de precisamente el ejecutivo federal- por primera vez los gobernadores asumieron compromisos de reducción de los delitos de mayor impacto social, mediante metas. Entre finales de 2011 y principios de 2012 en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de cara a la sociedad se presentaron evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de las metas de reducción del delito comprometidas por cada gobierno.

Esa práctica por demás pertinente se abandonó en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón.

En 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Peña, asumió el compromiso solmene de, en caso de ser electo, reducir en un 50% la incidencia del homicidio doloso, el secuestro y la extorsión en un plazo máximo de seis años.

El compromiso marcó un hito y asumirlo fue una decisión encomiable, pero la política de seguridad seguida por el gobierno del Presidente Peña presentó cuatro grandes defectos:

  1. Las metas del Presidente Peña no tradujeron en metas de los gobiernos locales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, metas que fueran evaluadas periódicamente, con la gran presión que ello habría implicado para los gobernadores y sus colaboradores. De este modo reducir la incidencia de delitos del fuero común pasó a ser un asunto del Presidente, no de los gobiernos locales.
  2. Consecuentemente el Presidente Peña incurrió en el mismo error que ahora critica: el no dar continuidad a las políticas más allá de los relevos políticos, el que el Estado mexicano no tenga políticas de Estado o si las tiene que no sea consiste, pues da continuidad a unas políticas pero no a otras que son cruciales. Ya en 2011 se había establecido un esquema de metas de reducción del delito, según un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública ¿por qué, entonces no se continuó con esa política? Nunca se ha dado ninguna explicación de tan garrafal omisión.
  3. El Presidente Peña tampoco dio el paso lógico y obligado de metas de reducción del delito a metas de reducción de la impunidad. De hecho este asunto objetivamente crucial de la seguridad y la gobernabilidad del país no lo ha sido en la agenda presidencial, a no ser en algún discurso en algún acto público que rápidamente pasa al olvido. El presidente Peña compró la idea de que con la adopción del nuevo sistema de justicia penal automáticamente resolvería los graves problemas de impunidad, pero en la realidad ha ocurrido todo lo contrario: el país padece peor impunidad que nunca y ante ello el gobierno federal, los gobiernos locales y el Estado mexicano están paralizados, sin capacidad de respuesta.
  4. Sin claridad del rumbo, el ejecutivo federal no asumió el liderazgo que le correspondía y le sigue correspondiendo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que éste definiera las condiciones y plazos en que las autoridades locales se dotarían de policías y procuradurías eficaces e íntegras, de tal suerte que se produjera el paulatino y ordenado regreso de los militares a sus cuarteles, a sus labores ordinarias.

Restan menos de dos años para que concluya el mandato del Presidente Peña. En principio nada impide que ahora, aunque sea muy tarde, adopte las decisiones que debió haber adoptado durante los cuatro años anteriores.

El gobierno del Presidente Peña ya tiene suficientes problemas, unos que vinieron solos más otros producto de la negligencia y de la compulsión a abrir sin necesidad nuevos frentes de conflicto ¿Querrá concluir con más problemas exacerbados por la incapacidad y/o la falta de voluntad para hacer frente a la violencia y la impunidad crecientes?