Pavor al uso legítimo de la fuerza

El monopolio del uso legítimo de la fuerza es una de las características fundamentales del Estado. Los gobernantes de la antigüedad aplicaron el principio, Maquiavelo lo recomendó a los príncipes italianos, Hobbes lo asentó en su Leviatán y Weber lo definió con plena claridad. El gobierno mexicano, sin embargo, no se ha enterado.

El uso de la fuerza por parte del Estado puede ser cuestionable en algunos casos. Los gobernantes pueden emplearla, por ejemplo, para mantener privilegios o dictaduras. En países autoritarios, como Corea del Norte o Cuba, las protestas están prohibidas y el Estado utiliza su fuerza para impedirlas.

Los gobiernos democráticos, sin embargo, también recurren a la fuerza pública para aplicar la ley o para defender a los ciudadanos cuando son objeto de agresiones. No hacerlo es una omisión de sus responsabilidades.

En México, sin embargo, los gobernantes tienen pavor al uso legítimo de la fuerza. Quizá sea producto de una conciencia culpable que se remonta a la represión del movimiento estudiantil de 1968. En muchos casos, sin embargo, más que culpabilidad lo que se percibe es cobardía. Por eso se establecen "mesas de negociación" que prolongan los problemas, pero no pueden negociar nada.

Cuando un grupo de poder, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquea vías de comunicación con el abierto propósito de dañar a la población, roba vehículos y los quema, o secuestra y humilla públicamente a personas inocentes, la autoridad no tiene el derecho sino la obligación de intervenir.

Me dicen que en México el problema es que la policía, cuando actúa, lo hace de manera inmoderada. Y quizá sea cierto. Pero estas actuaciones fallidas suelen volverse inevitables por la demora en recurrir a la fuerza pública cuando ya es necesario. Al final las autoridades se ven obligadas a ordenar la intervención tardía de la policía, pero cuando lo hacen se enfrentan a grupos más preparados y belicosos que además se sienten protegidos por los tribunales y las comisiones de derechos humanos.

El ejemplo más reciente lo tenemos en el operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio. Durante cinco días la CNTE mantuvo, con el apoyo de grupos afines, un bloqueo sobre la autopista Oaxaca-Puebla que afectaba severamente los derechos de terceros.

Cuando finalmente se ordenó un operativo, éste falló completamente: no sólo generó ocho muertos (y uno más en Hacienda Blanca) sino que fracasó en el objetivo de liberar la vía de comunicación, la cual sigue estando bloqueada hasta el momento.

El problema no es nada más de aplicación de protocolos de actuación por la policía. Como los gobiernos han permitido de manera sistemática los bloqueos de vías de comunicación, los grupos de poder piensan que bloquear es un derecho adquirido. Es su "derecho de protesta", dicen.

Al final, un gobierno que quiera mantener su autoridad tendrá que usar la fuerza pública para impedir violaciones a la ley, como bloqueos, robos de vehículos, secuestros de personas o humillaciones públicas de maestros y policías.

Si no lo hace, la violencia irá escalando, como ha ocurrido en los últimos meses en Oaxaca y Chiapas. Ante la ausencia de autoridad, la población civil no tendrá más opción que defenderse a sí misma; y el gobierno, que habrá perdido el monopolio del uso de la fuerza, estará perdiendo también el poder.