La prioridad es derribar al Ejército

La campaña que mantienen en forma articulada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el aparato de propaganda de la izquierda con relación a la masacre de Iguala, no busca, por supuesto, terminar de aclarar los hechos y hacer justicia, sino desprestigiar por completo al gobierno federal acusándolo de lo que no es culpable, para facilitar así la toma del poder por la izquierda en 2018.

Dentro de esta campaña se ha convertido en máxima prioridad acorralar al Ejército, hasta lograr se vuelva una creencia generalizada que es el responsable de la masacre y así se olvide la verdad, que el principal autor intelectual de la matanza es José Luis Abarca, el político de izquierda que Andrés Manuel López Obrador se empeñó en hacer alcalde de Iguala, a sabiendas que estaba ligado con el grupo criminal que a la postre consumaría el asesinato de 43 normalistas.

¿Por qué el Ejército? Porque es la institución pública de mayor credibilidad en el país y aunque las Fuerzas Armadas son apolíticas su credibilidad apuntala la de otras instituciones, en particular la del gobierno federal. Por eso hay que demolerlo con infundios y presiones.

Ni la CIDH ni la izquierda mexicana tienen ya no digamos la menor evidencia, sino siquiera indicio sobre la participación de militares en la masacre. Entonces recurren al subterfugio de acusar al Ejército de complicidad por “omisión” ¿Cómo es posible, preguntan retóricos, que el Ejército no haya hecho nada ante la “agresión” de los policías municipales contra los normalistas?

El cuestionamiento es falaz, tramposo. Los normalistas llegaron a Iguala en autobuses robados y robaron tres más, la policía municipal al tratar de detenerlos actuaba de acuerdo a sus obligaciones. Si el Ejército hubiera salido en defensa de los ladrones habría violado la ley. Una vez detenidos los normalistas ni los militares ni nadie, salvo los asesinos, podrían saber que en lugar de ser presentados ante el Ministerio Público serían desaparecidos y ejecutados.

De modo que regresamos al punto, a la responsabilidad penal de Abarca, pero también a la política de AMLO por haberlo llevado al poder a sabiendas de que era un criminal, como le advirtieron líderes perredistas en plena campaña electoral.