“Todo está bajo control en Jalisco”: Aristóteles Sandoval

“Todo está bajo control en Jalisco”, se jactó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, la noche del 30 de abril ante un dirigente empresarial y un connotado litigante.

Dijo que con la fuerza pública estatal era suficiente para combatir a la delincuencia organizada, sin necesidad de las federales. Y aunque reconoció el gran poder que ha acumulado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reiteró: “Lo tenemos acotado”.

Y minimizó los narcobloqueos: “Eso es cosa del pasado, de la administración anterior”. En realidad, era cosa del futuro inmediato.

Horas después, cuando empezaba a clarear en la costa, el CJNG derribaba un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 18 militares y policías federales que perseguían a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y a su estado mayor.

El saldo oficial en el lugar: seis efectivos y ocho presuntos delincuentes muertos, más varios heridos.

A las 9:45 horas del viernes 1, Día del Trabajo, Jalisco ardía en 55 puntos de 32 municipios, incluida la zona metropolitana de Guadalajara. En intersecciones de avenidas, entronques, cruces y curvas estratégicas de carreteras se obstruyó el tránsito atravesando autos, camiones pesados y autobuses urbanos, casi todos en llamas.

Sicarios, adictos e indigentes pagados por el CJNG –a decir de las autoridades federales– también prendieron fuego a 11 sucursales bancarias, varias gasolineras y otros negocios. Bloqueos de calles y quemazones se extendieron a Michoacán, Colima y Guanajuato.

El operativo criminal mostró la eficaz coordinación de la extensa red de halcones, operarios y sicarios del “grupo delincuencial”, como lo llamaron al principio los funcionarios federales. Poco después tuvieron que admitir que el CJNG puso de cabeza buena parte del occidente del país, con altos costos políticos y económicos.

Fueron demasiadas horas de pánico. La autoridad no reaccionaba y el gobernador no daba la cara. Tampoco se vio al fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, cuestionado por sus malos resultados en el combate a la inseguridad y por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

Cerca de las dos de la tarde Sandoval Díaz hizo el primer recuento de daños. Afirmó que en la zona metropolitana los narcobloqueos se resolvieron en una hora y que el resto de la entidad estaba normalizándose. Al anochecer confirmó, en un informe general, que horas antes se habían despejado las vialidades atacadas. Sin embargo, algunas carreteras del sur del estado seguían obstruidas.

Después empezó a repartir culpas: el problema del CJNG viene desde hace cinco años, no es de su gobierno sino de su antecesor: una referencia evidente a la administración del panista Emilio González Márquez.

El jueves 7 descalificó a quienes han llamado narcoterrorismo a los acontecimientos del viernes 1, cuando según él “fueron actos de vandalismo”.

Dos días antes había hecho un tour por distintos medios informativos de la Ciudad de México, donde declaró que alertó hace más de un año al gobierno de Peña Nieto, a través del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la fuerza que había adquirido el CJNG.

De acuerdo con el investigador en materia de seguridad Andrés Gómez, un factor que facilitó el crecimiento del CJNG “fue la debilidad endémica de las corporaciones estatales y municipales, en las que predominan el escaso número de elementos y la ausencia de perfiles (ningún director municipal de la Zona Metropolitana cumple con el perfil del Sistema de Desarrollo Policial); el mal equipamiento y la corrupción de mandos y bases”.

Aunque la droga es el negocio básico del CJNG, agrega, en las últimas fechas no se ha sabido de incautaciones y por ello se desconoce qué tipos de estupefacientes produce y comercializa actualmente. Tampoco está claro adónde la envía. Lo cierto es que uno de los delitos más lucrativos para la organización es el robo de combustible, enfatiza Gómez.

El investigador universitario especializado en justicia y seguridad Gerardo de la Cruz Tovar dice que ante resultados tan adversos en estas materias sólo le queda al fiscal Nájera salir del gabinete, pues ya admitió que el problema del narcotráfico viene desde hace cinco años: “¿Y quién era entonces el responsable de seguridad sino él mismo?”

El diagnóstico

Los empresarios que fueron recibidos a las ocho de la noche del 30 de abril en la casa Jalisco son el presidente local de Coparmex, José Medina Mora Icaza, y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), José Antonio Ortega Sánchez.

En el encuentro de una hora con el gobernador Sandoval Díaz, Ortega Sánchez le entregó el diagnóstico Jalisco: La amenaza del crimen organizado, donde fundamenta el riesgo de que la expansión del CJNG lleve a la entidad a niveles delictivos como los de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

Ortega Sánchez insistió en el peligro que constituye, “no tanto en el enfrentamiento de ese grupo con otro de criminales, sino hacia las autoridades del estado. Yo veía que tenían una actitud de enfrentamiento y de hacerle saber a la autoridad de su capacidad, de su fuerza, de su inteligencia”.

Sin embargo, el mandatario se jactó de que “todo estaba controlado y que los narcobloqueos eran cosa del pasado”. Se refería a la reacción de la delincuencia en las calles cada vez que fuerzas federales o estatales trataban de atrapar al capo del CJNG.

En entrevista telefónica, el presidente del CCSPJP considera que el único responsable de la descomposición de la seguridad pública, de las amenazas constantes y de los hechos violentos del crimen organizado en la entidad es “la autoridad en turno, a la que le toca responder de esa violencia”.

El gobernador y su gente “tienen la responsabilidad de proporcionar la paz, la seguridad a los pobladores de Jalisco (…) Esa función no la están cumpliendo y la violencia está desbordada. Este grupo criminal se siente dueño de Jalisco y al ratito, si no lo paran, se va a sentir dueño de México”.

–¿El mandatario puede culpar a la administración pasada o a la PGR porque, según él, le informó hace un año sobre el crecimiento del CJNG?

–No es cuestión de si le informan o no. Deben trabajar coordinadamente para resolver el problema. Me parece que el principal responsable de la seguridad en Jalisco se llama Aristóteles Sandoval.

–¿Con la intervención del general Miguel Gustavo González se logrará acabar con el crimen organizado a través de Operación Jalisco? Eso no ocurrió en Tamaulipas.

–Para resolver el problema, no son nada más las personas, y no nada más tiene que caer El Mencho y el resto de Los Cuinis, sino que se tiene que desestructurar el CJNG para que no sea una poda más y al ratito haya varios cartelitos jalisquitos nueva generación dando lata. Se tienen que investigar y castigar sus otras actividades criminales (…) Ahí es donde se tiene que poner bastante la atención.

Para el abogado y catedrático, también “tienen que ser castigados todos los funcionarios de cualquier nivel de gobierno que los protegieron. Cuando se resuelva eso, podríamos hablar de un escenario de recuperar la paz”.

–¿Responde a algún interés de Sandoval Díaz el hecho de que Nájera permanezca como fiscal general? Antes de que fuera gobernador, hubo señalamientos de que Aristóteles tenía ligas con el crimen organizado.

El CJNG le mató a su secretario de Turismo para que no se fuera a cargar a favor de Los Templarios; así lo declara uno de los participantes en los hechos. Eso lo refiero en el estudio que le entregué personalmente al gobernador, y antes, a las 17:00 horas del 30 de abril, a Luis Carlos Nájera.

–¿Qué prevé con la designación de González Cruz?

–Yo esperaría, como digo en el estudio, la detención de El Mencho, de los otros Cuinis, el desmantelamiento del CJNG y la investigación y castigo a los políticos que los protegieron.

Si no se castiga a éstos, el asunto es como una poda más; y es como hemos visto en algunas partes del país: que la violencia baja por momentos y luego recrudece, regresa y no se resuelve el asunto de fondo.”

El diagnóstico de Ortega Sánchez tiene más de 200 páginas y entre otros asuntos destaca que es evidente que el CJNG opera bajo la tolerancia del estado.

“Tampoco pueden ignorarse los señalamientos que hay respecto a que el anterior Secretario de Seguridad Pública y actual fiscal general (quien además controla a la policía preventiva), Luis Carlos Nájera, está vinculando al CJNG)”, sostiene en el documento.

Y argumenta: “Es cierto que esos señalamientos no han sido probados, pero también que el resultado neto de la gestión del funcionario, primero como secretario de Seguridad Pública y ahora como fiscal, no es la contención o debilitamiento de los grupos criminales, sino lo contrario. Si la tarea de la policía preventiva es precisamente prevenir el crimen, el disparo de la violencia bajo la gestión de Nájera indica que él no cumplió con su cometido principal”.

En la entrevista con Proceso, Ortega Sánchez relata que, después de observar la presentación sobre el diagnóstico, el gobernador le dijo que “lo único que necesitaba de las fuerzas federales era inteligencia, que le podíamos ayudar si lográramos que el gobierno federal lo apoyara con inteligencia”.

Y sobre los señalamientos de que Nájera protege a delincuentes, Sandoval Díaz contestó que “varios grupos mencionan que haya esa protección, no solamente al CJNG sino a otros (…). Dijo que no era posible que protegiera a unos y protegiera a otros”.

Cofundador de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia y autor –con el panista Fernando Guzmán Pérez Peláez– de un libro sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas, Ortega Sánchez dice que insistió en el cuestionable desempeño de Nájera.

Asegura haberle comentado a Sandoval Díaz que “a dos años de tener a un fiscal en control del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y de la Policía Preventiva, primero, no había resultados, y segundo, era un riesgo tener a una persona a cargo de tanta fuerza pública, que había que distribuir las fuerzas, tener equilibrios, tener un sistema de pesos y contrapesos”.

Entonces, afirma, el gobernador le comentó al presidente del CCSPJP que le dio todo el control a Nájera porque en la administración pasada había constantes conflictos entre el procurador y el secretario de Seguridad Pública. No obstante, “al final me dijo que lo iba a considerar”.

También le informó que mandó hacer un diagnóstico sobre la situación de seguridad en el estado con el consultor Eduardo Guerrero. Pese a todo, sostiene, Sandoval Díaz no habló de investigar a Nájera.

Ortega Sánchez revela que horas antes, al entregarle el estudio al fiscal general, le dijo: “no te vayas a sorprender porque en el dossier consigno los señalamientos que hace La Resistencia sobre tu posible protección a Nacho Coronel, primero, y después a Jalisco Nueva Generación”.

“No son ciertos”, dijo el funcionario con una sonrisa. Entonces el abogado le comentó que no le parecía “sano que tuviera tanto poder, que necesitaba tener un secretario de Seguridad Pública independiente”.

Además, lo cuestionó sobre los asesinatos del secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez, del diputado federal Gabriel Gómez Michel, de decenas de militares y policías… Nájera sólo “agradeció que le entregara el diagnóstico, donde se notan propuestas para reducir el problema del crimen organizado”.

El CJNG surgió en la administración de Emilio González, a la muerte de Ignacio, Nacho Coronel, pero se fortaleció en la de Sandoval Díaz.

Durante el trienio de Emilio González Márquez como alcalde de Guadalajara (2004-2006) y en su sexenio como gobernador, Nájera fue respectivamente director y secretario de Seguridad Pública.

Al triunfar el PRI en 2012, lejos de correr a Nájera, Sandoval Díaz ordenó cambiar la Constitución local, cuyo artículo 53 establecía que no podía ser procurador (o fiscal) quien hubiera sido gobernador o secretario, sino después de un año de haber dejado el cargo.

Con el visto bueno de los diputados, Nájera se convirtió en fiscal general. Además de tener bajo su mando al MP y policías investigadores, concentra a la Policía Preventiva y la Fuerza Única de Jalisco, con sus derivaciones: la Fuerza Única Metropolitana y la Fuerza Única Regional: Corporaciones acusadas con frecuencia de torturar a los detenidos, como consta en declaraciones y documentos entregados a Proceso.

Lo cierto es que los ataques del CJNG son cada vez más feroces. El 19 de marzo, en el centro de Ocotlán, sicarios de ese grupo se tirotearon con elementos de la División de Gendarmería. Murieron al menos 12 personas, entre uniformados y pistoleros.

El 6 de abril, en el municipio de San Sebastián del Oeste, atacaron 10 patrullas con 40 elementos de la FUR. Murieron 15 policías y cinc resultaron heridos de gravedad.

Las amistades

En 2009, en plena campaña por la presidencia municipal de Guadalajara, el panista Jorge Salinas Osornio propuso que él y Sandoval Díaz se hicieran pruebas antidoping. Esto no sucedió, pero Salinas Osornio aclaró que sólo trataba de comprobar “los posibles vínculos que pudiera traer Aristóteles con la delincuencia organizada”.

Ya como presidente municipal, Sandoval Díaz nombró como secretario de Seguridad Ciudadana a Servando Sepúlveda Enríquez, también cuestionado por sus presuntos nexos con el bajo mundo y ligado con un mal manejo del Subsemun (Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios) en la corporación. Fue requerido cinco veces para aplicarle una prueba de confianza y jamás se presentó.

A fines de diciembre de 2011, este semanario publicó que, según la PGR (averiguación previa 029/2007/HI/A), el alcalde tapatío tenía nexos con la delincuencia organizada (Proceso 1832).

La nota del reportero Ricardo Ravelo destacaba que el 27 de febrero de 2007, al salir de un partido de futbol en el Estadio Jalisco, el empresario Ignacio Loya Alatorre fue ejecutado. Era el operador financiero de Ignacio Coronel, dueño de la plaza del Cártel de Sinaloa en Guadalajara. Coronel murió el 30 de julio de 2010 en un supuesto enfrentamiento, en su casa, con elementos de la Marina que pretendían detenerlo.

Según el expediente, Sergio Oseguera García, chofer de Loya, afirmó que Sandoval Díaz recibió de sus manos 100 mil pesos para su campaña política, y que ambos se habían conocido a través de Alfredo Barba Mariscal, hijo del líder estatal de la CROC y cacique de Tlaquepaque, Alfredo El Güero Barba.

En una libreta de Loya se encontró una nómina de decenas de personas y se acreditó que el último número marcado fue el de Sandoval Díaz, que entonces era diputado local. Éste negó tener vínculos delictivos, pero reconoció que Loya era su amigo.

En el oficio 921/07 y en la citada averiguación previa, Oseguera García señala que la pareja sentimental de Loya era una amiga de Aristóteles Sandoval, Teresa López Hernández, actual titular adjunta del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Los padres de la entonces regidora fueron asesinados por otro de sus hijos, Salvador López Hernández, el 1 de mayo de 2007.

Loya mantenía relación con José Luis Duarte Reyes, ligado al Cártel de Sinaloa. Éste fue asesinado en La Marina de Puerto Vallarta el 20 de septiembre de 2011.