No comprar tiempo ¡intervenir ya!

Aun cuando la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa no ha terminado de ser esclarecida (aún faltan los resultados del difícil análisis austríaco de los restos calcinados hallados en Cocula), el gobierno federal se apresta a anunciar reformas al marco legal de la seguridad pública.

El anuncio, independientemente de su contenido, parece más oportuno ahora que antes de que la PGR diera a conocer el avance de las investigaciones el 7 de noviembre.

Ahora bien, aun cuando tampoco se define el formato del anuncio de la reforma, al parecer no se trata de una reedición del Acuerdo por la Seguridad de 2008.

Ojalá y sea así porque si lo que se pretende es un “acuerdo” o un “pacto” ¿con quienes pretende pactar el gobierno del Presidente Peña en el caso de Guerrero?, ¿con el gobernador secuestrador que se niega a aplicar la ley?, ¿con los 22 presidentes municipales en funciones señalados por sus nexos con los grupos criminales?, ¿con los legisladores federales y locales señalados por lo mismo?

El gobierno del Presidente Peña debe comprender que en Guerrero nada cambiará por sí solo, que a este estado la única oportunidad que le queda es que el propio gobierno federal intervenga de manera mucho más decisiva y radical de como lo hizo en Michoacán. Simplemente no hay de otra.

Por lo que hace al contenido del anuncio se ha filtrado que, por un lado, se pretende retomar el proyecto de la policía nacional (un paso intermedio sería el mando único estatal obligatorio de la policía) y, por otro lado, establecer mecanismos de vigilancia de autoridades estatales y municipales para que no se coludan con grupos criminales.

Respecto a lo segundo preguntamos ¿pues qué no existen ya esos mecanismos como parte de las obligaciones del gobierno federal contra la delincuencia organizada? Y respecto a lo primero cabe insistir: instaurar la policía llevará años. Y en tanto ¿qué?

Hoy urge la intervención federal en Guerrero para actuar contra Ángel Aguirre y sus colaboradores, legisladores, presidentes y ex presidentes municipales coludidos con los grupos criminales y contra los responsables de la sangrienta riña dentro de la izquierda guerrerense, que condujo inexorablemente a la tragedia de Iguala.