Guerrero, Tamaulipas, dobles estándares, interrogantes…

Aunque tardó más de una semana en reaccionar, el gobierno de Presidente Enrique Peña decidió intervenir en Iguala, Guerrero con todo, ante la desaparición de 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa.

La PGR atrajo la investigación, un contingente de la Gendarmería Nacional asumió la seguridad pública y el ejército, el CISEN y la Comisión Nacional de Seguridad están dedicados a localizar a los desaparecidos, de los que se teme fueron asesinados.

Por supuesto que el gobierno federal tenía que actuar (y debió haberlo hecho desde hace varios días). Pero esta intervención en Iguala confirma que el gobierno del Presidente Peña usa medidas diferentes ante los problemas de inseguridad y violencia.

En Tamaulipas no hay 43 desaparecidos sino más de mil desde 2010. Bajo la administración del Presidente Peña por lo menos han desaparecido 87 personas inocentes en Tamaulipas y 24 desde el 8 de mayo de 2014, cuando anunció cambios en su estrategia de intervención en ese estado. Pero para localizar a estos desaparecidos en Tamaulipas el gobierno del presidente Peña no ha movido un dedo.

Otro caso de dobles estándares en la intervención federal es Michoacán. Ahí el gobierno federal removió a un gobernador y encarceló a su secretario general y a varios alcaldes. Nada así ha siquiera intentado en Tamaulipas. Es más, la PGR, exoneró a los 3 ex gobernadores investigados por Estados Unidos por su colusión con los grupos criminales ¿Por qué estos dobles estándares?

En el caso de Guerrero, más allá de constatar la doble vara con la que el gobierno federal mide, la atrocidad de la desaparición de 43 normalistas provoca -además de indignación- varias interrogantes ¿Por qué el grupo criminal Guerreros Unidos habría querido asesinar a los estudiantes?

Una hipótesis es que trató de darle un golpe al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), hegemónico en la citada normal ¿Pero por qué y para qué?

Desde 2009 el ERPI ha sostenido sangrientas disputas con grupos criminales en Guerrero, pero no por razones “políticas”, sino por el control del narcotráfico. De ser esa la raíz de los hechos de Iguala, hay razones de alarma. Como prueba la experiencia de Colombia, la mezcla de guerrilla y narco es explosiva.