Los resultados del gobierno federal en seguridad son nulos

No, no se puede tapar el sol con un dedo. La estrategia del gobierno de la República en materia de seguridad ha fallado.

Al mismo tiempo que se echa a andar la Gendarmería Nacional, el Departamento de Estado de EU emite una alerta a sus ciudadanos.

La alerta señala que Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Nuevo León son entidades riesgosas y advierte que deben ser evitadas, a menos que sea indispensable pasar por ellas.

Respecto de Michoacán se precisa que no se debe viajar por carretera, porque sólo son relativamente seguras las localidades de Morelia y Lázaro Cárdenas.

Mazatlán se refiere como la única ciudad segura, durante el día, en todo Sinaloa. Y en Matamoros, Tamaulipas y la zona conurbada de Monterrey, además de las capitales de Durango y Zacatecas, los funcionarios estadounidenses deben guardarse de las 12 de la noche a las 6 de la mañana.

En cuanto al estado de Sonora, se indica que es una región clave en el tráfico de drogas y trata de personas, por lo que se pide evitar la región oeste de Nogales, así como el este de Sonoyta y Caborca.

Para el conjunto del país, la advertencia (que debería ser conocida y adaptada por todos los ciudadanos mexicanos) es no transitar por carreteras durante la noche.

La alarma del Departamento de Estado tiene fundamento: en 2013 fueron asesinados 81 estadounidenses en México, diez más que en 2012.

Por desgracia, si uno deja de lado la alerta estadounidense y se concentra en los datos oficiales del gobierno mexicano, la situación es igualmente alarmante.

Menciono el caso de Michoacán, que ha sido presentado como un éxito rotundo. Aquí las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para enero-junio de 2013 y 2014: homicidio doloso: 384 versus 555. Secuestro: 89 versus 91. Extorsión: 158 versus 226.

Pero, más allá de las cifras, el fracaso se constata en un hecho fehaciente: mientras La Tuta sigue libre y bombardea, desde algún lugar de las montañas michoacanas, con videos que involucran a funcionarios y presidentes municipales, José Manuel Mireles continúa preso por posesión de un arma prohibida.

En el caso del delito del secuestro, las cifras nacionales son particularmente impactantes. Según la organización Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, existe un incremento del 50 por ciento en los primeros siete meses de este año respecto del mismo periodo de 2013.

Este dato se ve reforzado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), presentada por el INEGI, el 30 de septiembre de 2013, que -mediante un método de inferencia- calcula alrededor de 105 mil secuestros (incluyendo la modalidad del secuestro exprés) para 2012.

De manera tal, que uno de cada mil mexicanos habría sido víctima de secuestro en ese año. Así que si el INEGI tiene razón, la cifra negra, es decir, los secuestros no denunciados a la autoridad, asciende al 98.75 por ciento.

Y el secuestro, como bien se sabe, es el delito que más atemoriza y golpea porque afecta indiscriminadamente a todos los ciudadanos.

Los errores que ha cometido el gobierno de la República en materia de seguridad se pueden enumerar fácilmente.

El combate al crimen organizado no fue nunca una prioridad. Se puso el énfasis en una demarcación respecto del gobierno de Felipe Calderón y se le consideró como un problema de percepción.

El dato más elocuente está en los medios de información. Un estudio indica que, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, la cobertura de la violencia se redujo en un 50 por ciento respecto de diciembre de 2011 y febrero de 2012.

Por otra parte, la Gendarmería Nacional, eje de la propuesta de campaña de Peña Nieto, que inicialmente se anunció con 40 mil efectivos, se pone en operación, 18 meses después de la toma de posesión, con apenas 5 mil elementos.

No está claro, por lo demás, las características y propósitos de la nueva corporación que se crea como un destacamento más de la Policía Federal.

En una situación similar, o peor, se encuentra el impulso de los mandos únicos en los estados, ya que se dejó en manos de los gobernadores. De ahí que los avances sean lentos y disparejos.

La certificación y profesionalización de los cuerpos policiacos tiene una dinámica similar: es tarda y desorganizada; cada gobernador la aplica a discreción.

Y todo eso sin referirse a la inexistente reforma del sistema de procuración e impartición de justicia.

En suma, dados todos estos elementos, por qué sorprenderse de los escasos o nulos resultados del gobierno federal en materia de seguridad.