Mireles es un hombre valiente, no un santo

En Michoacán, la paz y la seguridad están prendidas con alfileres. Ha habido, sin duda, progresos, pero la construcción de un Estado de derecho llevará tiempo. Ante esta realidad, el gobierno federal ha optado por un viejo principio: si no puedes resolver el problema, adminístralo.

La detención del Dr. Mireles ocurre en ese contexto. Se le ha acusado de presuntos delitos contra salud y portación de armas prohibidas. Lo primero no es creíble, lo segundo es contradictorio.

El Dr. Mireles es un hombre valiente, no un santo. Siempre ha tenido aspiraciones políticas; de hecho, fue funcionario del gobierno de Leonel Godoy. Pero de ahí a considerarlo un narcotraficante, o líder de una insurrección armada contra el Estado, hay una enorme diferencia.

Imposible soslayar que, hace meses, fue el propio secretario de Gobernación quien afirmó públicamente que no había evidencias de colusión entre el crimen organizado y los líderes de las autodefensas.

Lo que le está pasando al Dr. Mireles no es nuevo, es lo mismo que le ocurrió a Hipólito Mora: se le detuvo por la presunta participación en dos asesinatos, sobre la base de testimonios infundados. Tres meses después, se reconoció la arbitrariedad y se le liberó.

La detención de Mora y Mireles tiene objetivos y razones estrictamente políticos. Cada uno, en su momento, se enfrentó abiertamente al gobierno federal, es decir, al comisionado Castillo.

Ambos comparten molestia e irritación con la estrategia federal. Ambos insistían que antes del desarme de las autodefensas deberían ser detenidos todos los jefes Templarios. Y ambos denunciaron, cada uno en su momento, que el problema de la inseguridad y la violencia no había sido solucionado.

Mireles fue incluso más lejos: declaró que el gobierno federal no aprehende a La Tuta porque no quiere, ya que lo tiene perfectamente ubicado. En respuesta, el comisionado Castillo dijo algo desconcertante: no se le detiene porque habría enfrentamientos y derramamiento de sangre.

Por desgracia, no es evidente que Los Templarios hayan sido efectivamente desarticulados. En Michoacán, como en otras partes, la ofensiva de las fuerzas federales ha provocado un repliegue y una dispersión de los delincuentes -conocido como efecto cucaracha.

En ese sentido, hay dos datos alarmantes: el primero, pese a la denuncia de Mireles, La Tuta sigue libre. Servando Gómez, sin embargo, era (es) el líder más visible y activo de Los Templarios. A grado tal, que hasta ahora no se puede afirmar que ese cártel haya sido descabezado.

El segundo, son las muertes de Nazario Moreno, El Chayo, fundador de La Familia, y Enrique Plancarte, El Kike, operador financiero de Los Templarios. Ambos fueron sorprendidos solos, huyendo y, al oponer resistencia, murieron.

La crónica de los enfrentamientos y muertes, en total indefensión, refuerzan la hipótesis de que pudieron haber sido detenidos sin mayores problemas. Pero, por alguna razón, no fue así.

En la misma sintonía, hay indicios que el gobierno federal ha decidido aplicar selectivamente la ley. La detención de Jesús Reyna corrió paralela a la exoneración de Fausto Vallejo. No es creíble, sin embargo, que el segundo ignorara por completo las actividades del primero.

Por otra parte, están las denuncias reiteradas que la violencia en Michoacán no es un problema resuelto. Los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública consignan 54 homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada en enero; 42 en febrero; 45 en marzo; 35 en abril; 77 en mayo, y 30 hasta el 15 de junio. Y eso sin referirse a los secuestros.

Ante esta realidad, las autoridades están empeñadas en minimizar el conflicto y darlo por resuelto. El comisionado Castillo cantó victoria a los 100 días. La estrategia no es nueva. Durante 2013, Jesús Reyna y el gobierno federal insistían en que no pasaba nada.

Fueron las autodefensas y la repercusión en la prensa internacional las que obligaron a modificar esa estrategia.

Ahora, la historia se repite: Mireles declara que el problema no está resuelto y actúa en consecuencia; el gobierno federal responde que la situación está controlada.

El comisionado Castillo, por su parte, está en lo suyo, persiste en aplicar discrecionalmente la ley para administrar el problema. Pero esa dinámica no necesariamente tendrá buen fin.

Por lo pronto, es una infamia que el gobierno que no ha logrado -o querido- detener a La Tuta, ni emprender acciones contra todos los cómplices de Los Templarios, sea el mismo que encarceló a Hipólito Mora y mantiene tras las rejas al Dr. Mireles.