El 24 de noviembre de 2007, representantes de todas las procuradurías  del país que conforman el Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro, acordaron reformas legales para que se congelen las cuentas bancarias de las víctimas de plagio y de sus familiares, para así, supuestamente, ya no se paguen rescates.

Con esto supuestamente se lograría la erradicación del secuestro, pues los plagiarios dejarían de ver un negocio en privar a las personas de la libertad ante la imposibilidad de obtener rescates.

Pero en realidad el objetivo de esta monstruosa medida no es reducir o erradicar el secuestro, sino impedir que los plagios se denuncien, para así simular que ese delito baja.

- Cinco secuestros en los últimos cuatro meses

- Los plagiarios presumiblemente cuentan con la complicidad de malos servidores públicos de la procuraduría estatal

- La ola de secuestros fue advertida, pero no atendida, desde hace meses por empresa consultora contratada para mejorar seguridad municipal

- Los Cabos, uno de los 10 municipios urbanos más inseguros del país

La pretensión de penalizar a los familiares de las víctimas del secuestro por pagar rescates y no denunciar los plagios, no persigue abatir este crimen sino acallar la queja sobre su creciente número y la incapacidad de las autoridades responsables para cumplir su obligación de garantizar seguridad a todos los habitantes.

En apoyo a la pretensión de penalizar a los familiares de los secuestrados se argumenta que el pago de los rescates “fomenta el secuestro”. En consecuencia, este delito se abatiría si no se pagara el rescate de “unas cuantas víctimas” y se les dejara morir a manos de sus captores.

Estos argumentos son moralmente monstruosos y no resisten un examen serio, por las siguientes razones: