“¡Ya estamos hasta la madre de secuestros en Tijuana!”

  • 8 mil tijuanenses marchan contra el secuestro y la inseguridad
  • La ciudad vive el peor momento de su historia por la inseguridad
  • El gobernador saliente de Baja California se dice  “satisfecho”; el entrante repite las promesas que sus predecesores no cumplieron.

Convocados por el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública de Baja California -  presidido por Alberto Capella Ibarra - ocho mil habitantes de Tijuana tomaron las calles el 28 de octubre de 2007, en protesta por la peor ola de violencia y secuestro en la historia de la ciudad, días antes del relevo del poder ejecutivo estatal.

Un año, antes integrantes del mismo Consejo realizaron durante 15 días una caravana que recorrió 500 kilómetros del estado, en reclamo de seguridad y erradicación del secuestro. Semanas antes de la caravana, a fines de septiembre de 2006, el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana dio por rotas las relaciones con los gobiernos municipal y estatal ante su absoluta incapacidad para enfrentar el problema y reclamaron al gobierno federal dejar de hacer promesas y entregar resultados de inmediato.

Para cuando la caravana fue convocada había habido alrededor de 300 ejecuciones y 150 secuestros (independientemente de los “levantones”). La cifra de plagios era tres veces superior a la de 2004. Al finalizar 2006 se habían cometido 200 secuestros en Tijuana y ya se estaba cometiendo uno cada dos meses en el colindante municipio de Rosarito.

Pero el clamor de los tijuanenes fue desoído por los gobiernos estatal, municipal y federal. Alberto Capella señala que los secuestros siguieron al alza y entre enero y octubre de 2007 ocurrieron 220 y se temía que al terminar el año la cifra fuera de 250.

Lo que resulta especialmente alarmante es que 45 víctimas de secuestros, cuyos familiares ya pagaron los rescates, no han sida liberadas.

El auge de los secuestros, atracos y ejecuciones ha provocado una ola de pánico en Tijuana. En dos años 500 familias de empresarios abandonaron la ciudad por temor a los plagios. Otras familias sacaron a sus hijos de colegios en la ciudad y los enviaron a Estados Unidos. En Rosarito la violencia ha provocado una severa declinación del turismo, su principal actividad económica.

Indignado por la pésima actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, Alfonso Álvarez Juan, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, expresó: “Ya estamos hasta la madre, porque así hay que decirlo; ocurre cuando existe un secuestro de una persona, que se cumplen las indicaciones de la autoridad y no te lo regresan o lo encuentran sin vida”.

Ante esta realidad resultan escandalosas las declaraciones del gobernador saliente de Baja California Eugenio Elorduy, quien dijo que se iba satisfecho y contento “por haber cumplido”. El señor Elorduy solamente puede sentirse satisfecho si su objetivo era cuadruplicar la incidencia del secuestro en Tijuana y ahuyentar a la iniciativa privada mediante mayor inseguridad.

José Guadalupe Osuna Millán, el nuevo gobernador ha prometido que devolverá la seguridad a Baja California. Pero esas promesas ya las han oído muchas veces los tijuaneneses y bacalifornianos de parte de otros políticos del mismo partido que ha gobernado la entidad durante los últimos 18 años. Y ya no creen.

Osuna Millán no tiene seis años, si siquiera seis meses para cumplir sus compromiso. Si no actúa y dar resultados desde los primeros días, no los dará nunca.

A los tijuanenes ya se les agotó la paciencia, pero en lugar de resignación y desánimo están dispuestos a alzar más la voz. Entre las medidas a las que podrían recurrir estarían el presentar una queja contra los gobiernos estatal, federal y municipal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza atracción e investigue las graves violaciones a los derechos fundamentales a la seguridad y la justicia de los habitantes de Tijuana y Baja California.