Se trama reforma legal para castigar a secuestrados e impedir las denuncias

El 24 de noviembre de 2007, representantes de todas las procuradurías  del país que conforman el Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro, acordaron reformas legales para que se congelen las cuentas bancarias de las víctimas de plagio y de sus familiares, para así, supuestamente, ya no se paguen rescates.

Con esto supuestamente se lograría la erradicación del secuestro, pues los plagiarios dejarían de ver un negocio en privar a las personas de la libertad ante la imposibilidad de obtener rescates.

Pero en realidad el objetivo de esta monstruosa medida no es reducir o erradicar el secuestro, sino impedir que los plagios se denuncien, para así simular que ese delito baja.

De darse la reforma legal las procuradurías se enterarían de la gran mayoría de los secuestros de la manera en que hoy lo hacen en forma mayoritaria: gracias a las denuncias. Entonces, las procuradurías se van a enterar de muy pocos casos pues los familiares de las víctimas no van a presentar las denuncias, porque esto solamente pondría la vida de sus seres queridos en mucho mayor riesgo, pues las cuentas bancarias quedarían de inmediato congeladas. Los secuestradores, iracundos, tomarían las mayores represalias.

¿Qué ocurrirá entonces? Que los familiares tendrán que negociar con los delincuentes sin la menor intervención de las procuradurías, ni la menor posibilidad de que los plagiados puedan ser rescatados y que los secuestradores sean detenidos.

Y esto hará que los secuestradores negocien desde una mayor posición de fuerza y cometan actos de mayor crueldad para obtener rescates más cuantiosos, al saber que no habrá operativos de rescate, que no serán detenidos.

La reforma legal, en suma, tendría tres efectos principales:

-       Cesaría la presión sobre las procuradurías para que combatan al secuestro.

-       Se aumentarían los riesgos de mutilación, tortura y asesinato de los secuestrados.

-       Se garantizaría la impunidad de los secuestradores y consecuentemente habrá muchos más plagiarios y mucho más secuestros.

El que los gobiernos propongan una reforma de esta naturaleza, los legisladores la aprueben y la judicatura federal se niegue a conceder amparos contra semejante aberración, no es algo improbable. Ponerse de acuerdo en contra de la sociedad no es algo que les cueste trabajo a las diferencias facciones de la clase política, como ya demostraron con la reciente reforma electoral.

Frente a esta nueva amenaza que viene a sumarse la pesadilla que de por sí ya es el secuestro, es necesario prepararse para una larga y dura lucha contra una clase política y una burocracia que cada día se confabulan más en contra nuestra.