Erradicar el secuestro, no acallar la queja

La pretensión de penalizar a los familiares de las víctimas del secuestro por pagar rescates y no denunciar los plagios, no persigue abatir este crimen sino acallar la queja sobre su creciente número y la incapacidad de las autoridades responsables para cumplir su obligación de garantizar seguridad a todos los habitantes.

En apoyo a la pretensión de penalizar a los familiares de los secuestrados se argumenta que el pago de los rescates “fomenta el secuestro”. En consecuencia, este delito se abatiría si no se pagara el rescate de “unas cuantas víctimas” y se les dejara morir a manos de sus captores.

Estos argumentos son moralmente monstruosos y no resisten un examen serio, por las siguientes razones:

  1. Hoy por hoy, cuando no existe la penalización al pago del rescate, los secuestradores torturan, mutilan y asesinan a un gran número de víctimas, porque no obtienen los montos exigidos, no los consiguen en los plazos demandados o por simple sevicia de estos enemigos de la sociedad. Entre 1999 y 2001, 33 secuestrados han sido asesinados. En lo que va de 2002, 12 víctimas han sido ejecutadas.

Todas esas muertes no han detenido a los secuestradores, quienes actúan en la mayoría de los casos con impunidad. ¿Cuántas decenas, centenas o miles de asesinatos deben ocurrir para convencer a esos criminales sin nombre de que el secuestro ya no es negocio?

  1. La pretensión de que una prohibición evita que un acto se cometa es ridícula y pueril. El secuestro está prohibido y ¿ello acaso ha impedido su aumento?

Para que un acto prohibido deje de cometerse, quienes lo cometen deben saber que el costo de su acción es superior a los beneficios de cometerlo. Lo que encarece la comisión de un acto prohibido es la severidad del castigo y la alta posibilidad de ser descubierto y castigado.

  1. Si los familiares de un secuestrado saben que por pagar un rescate pueden pasar tres o cinco años en prisión, ese precio aunque alto, amargo e injusto es menor al del sufrimiento por la tortura, mutilación o muerte del ser querido.

Si los procuradores que promueven la penalización de las víctimas fueran consecuentes con su razonamiento tendrían que proponer que el castigo superara a los beneficios del pago del rescate, es decir que se castigara a los familiares con tortura, mutilación, largas penas de prisión o muerte.

  1. Pero por duro que fuera el castigo no sería suficiente para inhibir el pago de rescate, si al mismo tiempo las víctimas convertidas por la ley en delincuentes no tuvieran la certeza de que serán descubiertas y castigadas.

Si para investigar y castigar a los familiares que pagan rescate o no denuncian los secuestros, los procuradores de justicia serán tan eficaces como lo son para perseguir el secuestro y los demás delitos, podemos tener la absoluta certeza que la prohibición no tendrá ningún efecto. La razón es simple: los señores procuradores ni siquiera saben cuantos secuestros y demás delitos se cometen y permiten la impunidad de la gran mayoría de los delincuentes.

  1. Pero vamos a suponer que esos señores procuradores, promotores de la penalización de las víctimas directas e indirectas, se volvieran excepcionalmente eficientes en descubrir a familiares que pagan el rescate, para probar su delito y llevarlos a juicio.

Cabe preguntarse entonces ¿no deberían esos eficientes persecutores de familiares de los secuestrados dedicar su “eficiencia” a perseguir a los secuestradores? ¿no es acaso extremadamente inmoral la persecución de las víctimas y la impunidad de los victimarios?

  1. Podría suponerse, en estricta lógica, que los familiares de los secuestrados, convertidos por la ley en delincuentes, podrían disfrutrar del mismo grado de impunidad del cual gozan los secuestradores y otros criminales.

Sin embargo, no es así. Aquellos familiares o personas que manifestaran públicamente que saben de secuestros, denunciados o no y que pagaron rescates o saben que se pagaron, se delatarían automáticamente, cosa que no le ocurriría a los secuestradores.

No nos dejemos engañar: la pretensión de penalizar el pago de rescate va dirigida contra esas personas, contra aquellos que expresan su indignación ante el secuestro.

El año pasado un gobernador le dijo a víctimas de secuestro que si no sentían seguras que se fueran a vivir a Disneylandia. También el año pasado un procurador acuso penalmente de difamación a víctimas que osaron informar de secuestrados no denunciados y la sospecha de contubernio de policías con los secuestradores. Ahora ese despropósito se pretende convertir en ley.

  1. El principio, absolutamente inaceptable, que inspira esta monstruosa propuesta es que las víctimas tienen la culpa de ser víctimas y merecen ser castigadas por ello. No nos engañemos: ahora se pretende castigar a las víctimas del secuestro, mañana se pretenderá castigar a las víctimas, de asalto, violación o cualquier otro delito...claro, siempre y cuando protesten.
  2. La reforma que se pretende y que sienta en el banquillo de los acusados a las víctimas del crimen y la impunidad, no es más que un ardid para ocultar la incompetencia criminal de las autoridades para prevenir y perseguir el delito.

No es el pago de rescates lo que fomenta el secuestro, es la impunidad y protección de que disfrutan la mayoría de los secuestradores.

No es la falta de denuncias formales lo que estimula los plagios, sino la libertad de acción de los delincuentes tanto para secuestrar como para seguir intimidando después del secuestro, la participación directa o indirecta mediante la protección de policías en el delito, los nulos resultados que tiene la presentación de muchas denuncias y la filtración de información de las mismas a los secuestradores.

No son los secuestrados o sus familiares los culpables de la proliferación de las bandas de secuestradores si los procuradores que permiten la migración al plagio de delincuentes dedicados a otros giros criminales, el que no esclarezcan ni el 10% de los delitos denunciados, el que no investiguen ni el 80% de los mismos, el que no se ejecute la mitad de las órdenes de aprehensión contra cientos de miles delincuentes ya identificados.

Para abatir el secuestro lo que tienen que hacerse es:

-       Contraer un compromiso concreto de abatimiento de este delito y los demás crímenes, con metas concretas. Las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia que no cumplan con esos compromisos en plazos perentorios deben ser depuestas y en su caso debe fincárseles responsabilidad por su incompetencia.

-       En todos los casos de bandas que operan con impunidad desde hace tiempo, deben desarrollarse investigaciones hasta sus últimas consecuencias para determinar la protección que han recibido de malos servidores públicos.

-       En todos los casos en que son capturados policías, deben profundizarse investigaciones hasta establecer la complicidad o encubrimiento de sus superiores, pares o subordinados.

-       Deben imponerse la penalidad máxima a los servidores o ex servidores públicos de seguridad pública y procuración de justicia que participen directa o indirectamente en secuestros.

-       Por sistema toda investigación de bandas que han sido parcialmente desarticuladas debe mantenerse hasta la identificación y detención de todos sus integrantes. Además estas pesquisas deben acelerarse para impedir el surgimiento de nuevas bandas a partir de los resabios de aquellas.

-       Debe tipificarse con penas equivalentes a las de los secuestradores a los familiares, amigos, conocidos o prestanombres que se beneficien con el dinero y demás bienes, producto del secuestro.

-       El llamado “secuestro exprés” tiene que ser tipificado como privación ilegal de la libertad con fines de extorsión en lugar de considerársele como robo.

-       Debe actuarse con igual rigor contra todos los grupos delictivos dedicados a otros giros criminales, tanto porque sus atentados contra la sociedad son por si mismos perjudiciales como porque su impunidad favorece su migración hacia el secuestro.

-       Deben establecerse plazos perentorios para la ejecución de todas las órdenes de aprehensión. Cada orden de aprehensión que no se ejecuta equivale a favorecer la comisión de por lo menos cinco delitos por año.

-       Si bien se debe conceder prioridad a la lucha contra los delitos más graves y violentos, deben prevenirse y perseguirse todos los crímenes. La impunidad de la falta menor conduce a la falta mayor.