306 secuestrados asesinados en 10 años; 192 en lo que va del sexenio

  • El problema es tan grave como el feminicidio en Ciudad Juárez y requiere una respuesta de Estado.
  • El punto no es si los homicidas son capturados, sino que no ocurran ni los asesinatos ni los secuestros.
  • Los gobernantes don incapaces de aplicar las medidas más simples y urgentes contra los plagios.
  • A un año de linchamiento de tres agentes de la PFP y el asesinato de dos, ninguna autoridad está en la cárceI.
  • La impunidad es inaceptable y peor si se da por consideraciones políticas.

Con el asesinato de Jorge Humberto Pallares Aceves en Sinaloa, ocurrido la semana pasada, son 306 las víctimas de secuestro que han sido privadas de la vida desde 1995 y 192 en lo que va de la presente administración federal.

Pero la cifra podría ser superior, pues por un lado los familiares de las víctimas en muchos casos procuran que el dolor de su pérdida se mantenga en un estricto ámbito privado y por otro lado, las autoridades locales tratan de no publicitar los casos de secuestro y asesinato y exaltar en cambio sus éxitos reales o ilusorios.

En lo que va de 2005, treinta y ocho secuestrados han sido asesinados frente a 36 en 2004 y 31 en 2003.

En el Distrito Federal se presenta el mayor número de casos de secuestro y asesinato: 62 desde 1995; 51 en la administración de la Ciudad de la Esperanza y 14 en lo que va del año.

Hasta octubre de 1995, México presenta un 54% más casos de secuestrados asesinados que Colombia, nación afectada por una guerra civil. Mientras que en la nación sudamericana hay 0.239 secuestrados asesinados por cada millón de habitantes, en México hay 0.367. Peor aun es la situación del Distrito Federal con 1.63 casos por millón de habitantes, esto es, 3 veces más que México en su conjunto y casi 6 veces más que Colombia.

Años atrás, cuando la cifra de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez era similar a la actual de secuestrados asesinados, que acabamos de presentar, ya había un clamor nacional e internacional contra el feminicidio, intervención de organismos internacionales de derechos humanos y se había creado una fiscalía especial y la figura de la comisionada. Nada de esto existe para los secuestrados asesinados y mientras que cuando menos, para el caso de Juárez desde hace meses no ha habido más muertes, los homicidios de plagiados se suceden sin que exista quien los puede parar.

Para abatir el secuestro y por ende los asesinatos de secuestrados, autoridades locales y federales podrían haber impulsado medidas muy simples y aplicables en el corto plazo, a saber:

  • Confinar a los secuestradores en prisiones de alta seguridad. En las prisiones federales de alta seguridad no está utilizado el 55% de su capacidad y hay al menos espacio para 2,500 reos. En los últimos meses se han fugado secuestradores de penales de Sinaloa y Tabasco, mientras otros dirigen plagios y otras extorsiones desde prisiones de baja seguridad.
  • Endurecer las condiciones de los penales de alta seguridad, para impedir que los secuestradores sigan teniendo contacto con sus compinches en libertad.
  • Implantar una política de separación y nulo contacto entre narcotraficantes y otros reos en los penales de alta seguridad, pues de otro modo los primeros terminan por reclutar como sicarios a los segundos y a fortalecerlos, como ha probado la experiencia.
  • Promover reforma a la ley de amparo para que los delincuentes no impidan se les traslade a penales de alta seguridad.
  • Ejecutar las cientos de órdenes de aprehensión que hay contra secuestradores. Simplemente en el Distrito Federal hay más de 260 que no se han ejecutado.

Nada de esto se ha hecho, simplemente porque no hay voluntad política, pues para las autoridades pesa más la presión de una turba ultra-minoritaria que bloquea carreteras o vapulea policías, que la marcha pacífica y ordenada de un millón de ciudadanos en demanda de seguridad.

 

Tláhuac: No más negociación con la ley

A un año del linchamiento de tres agentes de la Policía Federal Preventiva y el asesinato de dos de ellos, se encuentran presos los linchadores directos y no quienes - pudiendo evitarlo - permitieron que tres seres humanos fueran torturados y dos de ellos quemados vivos por cumplir con su deber de proteger la seguridad de todos nosotros.

La prueba de que la policía podría haber salvado dos vidas es que agentes de la policía judicial del Distrito Federal, con más humanidad y sentido de solidaridad entre colegas, pudo rescatar con vida a uno de los agredidos.

No hay que darle vueltas. Según la información pública disponible hay cuando menos tres responsables de negligencia o específicamente del delito de ejercicio ilegal de servicio público y ellos son el entonces Secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, el todavía Subsecretario de Seguridad Pública, presente en el lugar de los hechos, Gabriel Regino y la todavía Delegada de Tláhuac, Fátima Mena, quien conoció con semanas de anticipación la preparación del linchamiento y quien de manera sutil pero clara alentó a la turba, al dar por un hecho los infundios contra las víctimas.

Ebrard es responsable porque no ordenó a sus subordinados el rescate de los agentes de la PFP, como era su obligación ineludible. Pero además Ebrard impidió que los agentes federales fueran rescatados por su propia corporación, pues cuando ésta estaba por ser intentada, el jefe de la policía capitalina le mintió desvergonzada y deliberadamente al comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, al decirle que la turba estaba a punto de entregarle a los policías federales preventivos, a sabiendas que eso era falso, que se preparaba ya su asesinato.

Gabriel Regino es responsable porque, según confesó públicamente, pudo haber cuando menos intentado el rescate de las víctimas, pero decidió no hacerlo porque con ello se podría poner en peligro la vida de alguno de los agresores. Según Regino acuerdos internacionales signados por México impiden que la policía actué en defensa de las víctimas de sus agresores para no confrontarse con estos ¡y el no quiso molestarlos ni con el pétalo de una rosa!

Fátima Mena es responsable porque con al menos 15 días de antelación a los hechos supo sobre al presencia de los agentes federales y pese a ello y ante las cámaras de televisión, no dudó en decir que le tenía sin cuidado lo que le ocurriera a las tres personas en manos de la turba y lo que le preocupaba era el destino de niños que supuestamente habían sido secuestrados y llevados en un taxi, hecho que era absolutamente falso y que la delegada de Tláhuac sabía que era un invento.

Resulta inaudito que con tales pruebas documentales que todos conocemos la Procuraduría General de la República no haya ejercido acción penal contra estos tres cómplices de doble homicidio. Y la única explicación es que, por enésima vez, sobre el supremo principio de legalidad, que establece que la ley se aplique siempre, sin distingos, sin excepciones y sin discrecionalidades, se impongan la pusilanimidad y la negociación de la ley por razones políticas.

Si otra vez se impone la impunidad, las autoridades federales habrán infligido un daño a la Nación del que ni siquiera son conscientes, pues se habrá acabado de socavar la determinación de la policía en hacer cumplir la ley, ante la evidencia que al hacerlo a los agentes se les dejará morir, literalmente, solos.