La seguridad les vale madre

A más de dos meses de la desaparición del panista Diego Fernández de Cevallos , el abogado José Antonio Ortega, especialista en secuestros y activista en contra de ese delito, afirma que este caso exhibe al Estado mexicano "humillado, fallido e impotente".

"Están más preocupados por los cambios o si van a pelear en el Tribunal lo de Yunes; no les preocupa la libertad, la seguridad de los mexicanos, ésa les vale madre", lamenta el también presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.

Ortega muestra sus cifras del secuestro en el país, que reflejan sólo los casos denunciados: un crecimiento nacional de 146 por ciento, al pasar de 615 a mil 514 casos anuales entre 2006 y 2009, y un incremento alarmante en estados como Chihuahua, donde se pasó de cuatro a 316 casos en el mismo periodo.

Caso paradigmático

Para Ortega, autor del libro El secuestro en México (Planeta, 2008), solucionar el plagio de Fernández de Cevallos importa porque con ello se cambiaría la señal de impunidad por la de atención al problema.

"Si queremos que esto se vaya hasta arriba (el incremento en los secuestros), tienen que seguir igual. Si queremos que la señal sea que se va a capturar, investigar, perseguir a todos los secuestradores para que se inhiba esa conducta, tiene que haber un cambio de señales, pero yo no veo en este momento que vayan a mandar una señal de aliento, de esperanza al pueblo mexicano", expresa.

Para exponer la importancia y poderío de Fernández de Cevallos, el abogado narra que en 2006 el PAN recurrió a sus "buenos oficios" para convencer a los magistrados del Tribunal Electoral para que resolvieran el litigio de las elecciones presidenciales en favor de Felipe Calderón.

"Por eso es tan fuerte el que hasta a este momento no tengamos, primero, un reconocimiento de la autoridad de que se trata de un secuestro, piensan que no decirlo va a mejorar las cosas; segundo, que a más de dos meses de esta privación ilegal de la libertad con fines extorsivos no haya un avance en hechos en la investigación.

"Es por esa razón una humillación al Estado mexicano, otra es que sus socios de despacho y compañeros de partido, encumbrados en Gobernación y en la PGR, poco han podido hacer para obtener la libertad y sobre todo su vida. Por eso me parece que quienes hayan sido están mostrando un Estado fallido", sentencia.

Este secuestro, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú -ex candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas- y el hallazgo de 12 policías federales asesinados en Michoacán, según Ortega, refuerzan la teoría de que el país se encamina a un Estado fallido.

"El secuestro lo está marcando como un Estado fallido, impotente, vergonzante; su principal obligación del Estado es darnos seguridad pública y ésa no la está cumpliendo, porque hoy la violencia es muy grave", acusa.

A pesar de que el 22 de mayo, el presidente Felipe Calderón aseguró ante 12 mil panistas en su asamblea nacional que en el futuro pelearía "muchas más batallas" a lado de El Jefe Diego, Ortega critica que desde el PAN no se demande aclarar el plagio, y apunta que el miedo está en el partido.

"Están apanicados porque ya vieron que si secuestraron a Diego pueden secuestrar a cualquiera", reflexiona.

PGR y EPR

A una semana del secuestro, el 22 de mayo, la PGR emitió un boletín en el que anunció que suspendía las investigaciones "respetando la voluntad de la familia Fernández de Cevallos"; sobre el tema Ortega reconoce la validez de la petición pero expone los riesgos que a su juicio implica.

"Dada la gravedad del secuestro y la impotencia del Estado mexicano para resolver el secuestro, la exigencia de la familia es válida en el sentido de que la prioridad es la vida de Diego Fernández de Cevallos, pero ante eso está la vida de otros 106 millones de mexicanos que estamos expuestos a un secuestro, que si no se investiga y si no se persigue y no se castiga, esa exposición que tenemos a ser secuestrados toma mayor factibilidad y se eleva el riesgo para todos", considera.

El abogado señala la posibilidad de que grupos armados cometieran el secuestro, a pesar de que el EPR ha negado la autoría del plagio en cuatro comunicados.

"Yo hablé de tres posibilidades: uno, el EPR; otro, el ERPI; y otro, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo. Un grupo dice que no, los otros han estado callados... el que calla otorga. Además encontré un documento del EPR del 1o. de enero de 2001 donde ellos fijan su estrategia militar y en su estrategia militar hablan de cómo crear un fondo de guerra", comenta.

Ortega recuerda que el general Arturo Acosta Chaparro, atacado el 20 de mayo en la colonia Roma en la Ciudad de México, tampoco descarta que pueda ser el EPR.

Y advierte que aunque el EPR ha sido claro en respetar la tregua de acciones con las que demandan la entrega de dos de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, nunca se comprometió a no secuestrar.