Por una justicia pronta y expedita

La ley natural señala que los viejos siempre han de morir primero. De ahí que cuando uno enfrenta la muerte de un hijo el dolor se convierte en algo lacerante, demoledor.

Pero este dolor trasciende límites cuando a nuestros hijos nos los arrebata la despiadada bestialidad de gente sin escrúpulos en complicidad con quienes se supone que tienen el deber ético y profesional de protegernos y brindarnos seguridad.

Traigo a colación esta reflexión porque el pasado 31 de marzo, a cinco años y siete meses de que se consumara el artero crimen en contra de mi hijo Fernando, y a cuatro años y cinco meses de que se detuviera a la banda que, además de secuestrarlo, está implicada en al menos 24 incidentes más en contra de 36 víctimas (10 de ellos menores de edad, de las cuales ocho fueron ejecutadas), el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, valientemente sentenció a 270 años de cárcel a Carlos David Charines Ávila, uno de los 22 criminales involucrados en el plagio.

Sin embargo, Charines Ávila, quien durante los hechos fungía como agente activo de la Policía Judicial del DF, y que también fue encontrado culpable del secuestro de Jorge Palma Lemus, Christian Salmones Flores (chofer y escolta de Fernando) y del menor Marco Antonio Equihua Peralta, sólo cumplirá 70 años de la sentencia por ser la pena máxima establecida conforme al Artículo 33 del Código Penal para el DF, vigente cuando se cometieron los crímenes.

Retroceder al 2008 es recordar que durante ese año inició la reforma constitucional para instalar un nuevo modelo de justicia penal en todo el País, el cual está sustentado en la realización de juicios orales.

En ese entonces, en medio del dolor, la rabia y los reclamos de justicia que encabezamos mi familia y yo, me preocupaba reconocer que una vez que atraparan a los criminales nos iba a pasar lo que a la mayoría de las víctimas: que después de ser vejados sufriríamos el tortuoso proceso de investigación y el lento proceso judicial que, de seguro, nos llevaría a vivir años de incertidumbre.

Y adicionalmente a eso, aceptar que en cualquier momento se pudiera liberar a los inculpados mediante un amparo o cualquier recurso legaloide.

El reconocimiento de esta aberrante situación, y la invitación de mi amigo Ernesto Canales, me llevó a comprometerme con la Red Nacional Projuicios Orales, para que desde las organizaciones de la sociedad civil impulsáramos la instalación del nuevo sistema.

Se trataba de promover acciones que contribuyeran a garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se vieran involucradas en la comisión de algún delito: víctimas, ofendidos, indiciados e imputados.

La consciencia me dictaba que éste era el camino a seguir. Sobre todo por la promesa que me había hecho de luchar porque no se repitiera un caso más como el de Fernando ni otra familia sufriera lo que nosotros.

Pero, ante todo, porque deseo que en nuestro País la justicia sea igual para todos: sin distinción por razones sociales, económicas, culturales, religiosas o políticas.

A la fecha, se han alcanzado avances significativos con la instauración del nuevo sistema en 13 Estados; la promulgación de la Ley de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales que, entre otras cosas, establece que los procedimientos penales en el País se lleven a cabo bajo las mismas reglas para posibilitar que los hechos delictivos se aclaren con rapidez y eficacia; permitiendo determinar con certeza la existencia o no de responsabilidades penales de los indiciados y demoras en la resolución de los casos.

Pese a ello, no puedo dejar de subrayar que aún resta por concluir el proceso que se le sigue a 21 imputados más en el secuestro de mi hijo Fernando.

Ellos también deberán responder por el secuestro de 36 víctimas más y el asesinato de ocho menores de edad.

En este escenario veremos a los defensores de oficio de estos hampones desplegar todas las tácticas dilatorias que les permiten los resabios del viejo sistema de justicia penal para impedir que los jueces arriben a conclusiones definitivas y se emitan las sentencias inculpatorias a quienes lo ameriten.

Por elemental justicia a las víctimas de secuestro y sus familiares, debemos demandar que estas viejas prácticas se diluyan.

Debemos demandar que las entidades que aún no concluyen el proceso de instalación del nuevo sistema -o todavía no lo han iniciado- se apresuren a concretarlo.

En ello va la posibilidad de fortalecer nuestro Estado de Derecho y de contribuir al cese de la lacerante impunidad.