Michoacán: el narcoestado de Los Templarios

El video en que conversan, muy amigablemente, Servando Gómez, La Tuta, y Rodrigo Vallejo, hijo de Fausto Vallejo, entonces gobernador de Michoacán, confirma lo que habían denunciado las autodefensas.

Permite, incluso, ir más allá y afirmar que en Michoacán no sólo había complicidad entre Los Templarios y el gobierno del estado, sino que se había gestado un narcoestado.

El hijo del gobernador y el secretario general de Gobierno, para no mencionar presidentes y policías municipales, estaban comprometidos o servían a Los Templarios. Sólo ingenuamente se puede suponer que Fausto Vallejo no sabía nada.

Vale tener presente, sin embargo, que el deterioro -si así se le puede llamar- de Michoacán no inició con la llegada de Vallejo al poder. Los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy sentaron las bases de lo que ocurriría posteriormente.

Al respecto, baste recordar el vínculo entre Julio César Godoy, medio hermano del gobernador, quien fue electo diputado federal, y La Tuta. Y en la misa tesitura, la explosión de granadas, el 15 de septiembre de 2008, en la Plaza de Armas de Morelia.

Esto pone en evidencia que, aunque el famoso michoacanazo de 2009 (en que fueron detenidos 11 alcaldes y diversos funcionarios estatales) fue un fracaso, sí había materia y razón para el operativo que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón.

También confirma que la victoria de Fausto Vallejo contó con el apoyo de Los Caballeros Templarios. Jesús Reyna, que luego se convirtió en secretario de Gobierno y gobernador interino, y Martínez Pasalagua, líder de los transportistas, fueron dos alfiles de la campaña de Fausto Vallejo. Y hay evidencias que pactaron con La Tuta el apoyo a la campaña del candidato a gobernador.

Así que la vinculación de Los Templarios con la clase política y empresarial es indiscutible, pero además arroja luz sobre hechos confusos.

Menciono tres: primero, las muertes de El Kike, operador financiero de Los Templarios, y de El Chayo, fundador de La Familia, ocurrieron de manera poco clara. Ambos fueron sorprendidos en fuga, completamente aislados, opusieron resistencia, y cayeron abatidos. Se les pudo haber detenido, pero no se hizo.

Segundo, el arraigo al que fue sometido Jesús Reyna se acompañó de la exoneración inmediata del entonces gobernador Fausto Vallejo, argumentando que no tenía nada que ver y no estaba enterado de lo ocurrido.

Tercero, José Manuel Mireles declaró públicamente que el gobierno federal no detenía a La Tuta porque no quería, ya que lo tenía perfectamente ubicado. Poco después, el doctor Mireles fue aprehendido, acusado de portación de armas reservadas al Ejército, pero a la fecha Servando Gómez sigue libre.

Hecho que obliga a hilvanar dos preguntas: ¿quién tenía la capacidad y quería grabar las entrevistas que sostenía La Tuta con diferentes personajes de la clase política y del mundo empresarial? ¿Por qué aparecen ahora los videos que inculpan a Reyna, Martínez Pasalagua, Rodrigo Vallejo y varios presidentes municipales?

Sean cuales fuesen las respuestas, estos y otros videos muestran a cabalidad que el líder principal y absoluto de Los Templarios es Servando Gómez. Ni Nazario Moreno, El Chayo, ni Enrique Plancarte, El Kike, tenían el protagonismo y la fuerza de La Tuta.

Lo que conduce a una conclusión elemental: hasta el momento no se puede afirmar que Los Templarios hayan sido descabezados, porque su líder principal sigue libre.

Un recuento de lo ocurrido en 2013 y 2014 pone en evidencia otras cosas: a) inicialmente, el gobierno federal minimizó lo que ocurría en Michoacán; b) fueron las autodefensas las que enfrentaron por primera vez a Los Templarios; c) el gobierno federal reaccionó hasta que el cerco de La Ruana y Buenavista Tomatlán tuvo repercusiones en la prensa internacional; d) la ofensiva contra Los Templarios no hubiera sido efectiva sin el apoyo de las autodefensas.

Por todo eso, resulta inconcebible que José Manuel Mireles, como antes Hipólito Mora, haya sido detenido y continúe, a la fecha, en prisión. Porque no es lo mismo asesinar, extorsionar, robar y cobrar derecho de piso, que tomar un fusil para oponer resistencia a los criminales amafiados con las autoridades municipales y estatales.

Lo ocurrido en Michoacán, que no acaba de terminar, confirma que la única salida es la construcción de un Estado de derecho. Pero la verdad es que ésta no parece ser la preocupación principal del gobierno federal, ni en ese estado ni en la República.