Los grupos del crimen organizado tienen sus propias cárceles dentro de las prisiones

Hacinados, sin agua potable, con apenas comida y escasos cuidados médicos... La ley del más fuerte impera en la mayoría de las cárceles de América Latina en una lucha por la supervivencia. Pero las condiciones infrahumanas y la superpoblación no son el único problema, cuestiones denunciadas en numerosas ocasiones, tan sólo una parte de él. En el fondo del asunto, intramuros, la violencia es a la vez causa y efecto del terrible día a día en las prisiones del continente.

A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, ha publicado su último informe y la conclusión principal no es nada alentadora: los 17 países de América Latina "violan sistemáticamente" los derechos humanos de sus prisioneros. Nadie se salva.

Los hechos hablan por sí solos. En lo que va de año, se han registrado varias tragedias que ponen de manifiesto este drama, como el motín e incendio en la Granja Penal de Comayagua, en Honduras, donde el 14 de febrero murieron 360 reos y una mujer que visitaba a su marido y, sólo un mes después, un incidente similar acababa con trece víctimas mortales en San Pedro de Sula, considerada la ciudad más violenta del mundo.

El caso más reciente se produjo en el pedal de Apodaca, donde un falso motín, orquestado por criminales y funcionarios, acabó con la ejecución 44 miembros de un cártel rival y la huida de decenas de prisioneros del grupo responsable. Las cifras de muertos y torturados, que las autoridades mexicanas ocultan con celo a la CIDH, desmontan cualquier argumento político.

El jurista mexicano Carlos Ayala Corao calcula que "cada tres años mueren el número de reclusos correspondiente a la totalidad de un penal", que rondan de media entre los 1.500 y los 3.000 reos, según explica en el canal Globovision. Y las evidencias se multiplican.

Además, Teinteresa ha tenido acceso a información privilegiada que investiga la Procuraduría (Fiscalía) mexicana. El abogado y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, desvela a este medio que "en algunas prisiones, en especial del norte del país, grupos del crimen organizado disponen de túneles o lugares para llevar a sus secuestrados y privarlos ilegalmente de su libertad".

De la cárcel basura a la cárcel botín

Ortega asegura que se ha pasado de un modelo de 'cárcel basura' a un modelo de 'cárcel botín'. Y es que la lógica que predomina en las cárceles guarda una estrecha relación con la violencia que golpea con dureza las calles de América Latina. La corrupción y la falta de recursos vuelven a estar en este caso en el ojo del huracán:

"Existen en las cárceles sistemas de autogobierno en las que son los propios presos quienes ejercen el control, en las que algunos presos tienen poder sobre la vida de otros. Es lo que se conoce como el autogobierno carcelario", denuncia el informe de CIDH, que señala a los funcionarios como los cómplices de esta situación.

Cárteles, pandillas y grupos del crimen organizado dirigen la prisión como su propio fortín, desde donde siguen operando y viven con todas las comodidades, a cambio de un 'sueldo extra' para sus custodios, que suelen tener una baja remuneración o forman parte de las estructuras criminales. Otros directamente son amenazados de muerte, ellos y toda su familia. Sea como fuere, los criminales deciden quién vive y quién muere, son los "encargados de mantener el orden".

El presidente del Consejo Ciudadano explica a Teinteresa como en una prisión mexicana se amontonan aproximadamente 30 reclusos en un mismo cuarto pero que tienen que dormir "amarrados de espaldas para que no se violen entre sí". La humillación y la subyugación son junto a la extorsión los modus operandi en las cárceles mexicanas.

Funcionarios que actúan como secuaces y sicarios

Ante este panorama, los funcionarios hacen la vista gorda, cuando no toman parte, en las disputas entre internos, es decir, bandas criminales que luchan por el mando de las prisiones o ajustan cuentas. El resultado son muertes y heridos, pues muchos reclusos portan todo tipo de armas, incluso de fuego. Casos que no se producen sólo entre reclusos pues los funcionarios son, además de secuaces, autores materiales de torturas con "fines de investigación criminal" y asesinatos.

El trato vejatorio se ha convertido en la forma de trabajo de muchos carceleros. Unos métodos que se les enseñan durante toda sus preparación. La comisión constató, por ejemplo, que los policías del Municipio de León, en Guanajuato, son sometidos a "condiciones inhumanas y degradantes como parte de su entrenamiento".

La CIDH considera que cuando los agentes estatales a cuyo cargo está la custodia de personas privadas de libertad son sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes por sus propios compañeros o superiores como parte de prácticas institucionales, se trastoca y desnaturaliza por completo la institucionalidad del sistema. Con lo cual no existen garantías de que tales agentes no someterán a las personas bajo su custodia a tratos similares o peores, como en efecto ocurre".

La arbitrariedad reina en un ambiente cargado de negligencia.