La mafia que convirtió a El Salvador en un infierno

Una noche sofocante a finales de julio, las autoridades salvadoreñas lanzaron su primer ataque contra lo que llamaron la cúpula financiera de la Mara Salvatrucha, o MS-13, la más grande de las implacables pandillas que han convertido a El Salvador en la capital mundial del homicidio.

El monto total confiscado a pandillas en esos operativos antiextorsión entre 2012 y 2015 fue de 34.664,75 dólares; una suma absurdamente pequeña si se considera que la MS-13 ha sido identificada por Estados Unidos como una organización criminal global a la altura de los Zetas en México o los Yakuza en Japón.

El 27 de julio, sin embargo, en un operativo bautizado como Operación Jaque, las autoridades desplegaron a 1127 oficiales de policía para llevar a cabo redadas en un montón de supuestas fachadas de la Mara Salvatrucha, desde concesionarios de autos y bares hasta moteles y prostíbulos.

Al día siguiente, las autoridades presentaron ante los medios filas y filas de autobuses y automóviles confiscados y a 77 sospechosos identificados como los operadores financieros de la MS-13 y sus colaboradores. Entre ellos estaba el supuesto “CEO” de la mara, Marvin Ramos Quintanilla, y otros dos líderes presentados como si manejaran millones y poseyeran lujos inimaginables para los miembros de la pandilla que estaban por debajo de ellos.

El supuesto cerebro financiero, por ejemplo, Marvin Ramos Quintanilla, estaba lejos de vivir como un capo: alquilaba una casa de cemento con techo de lámina corrugada en un barrio donde un alquiler raramente llega a los 400 dólares. Usaba un Honda Civic modelo 2004 y una furgoneta Nissan color gris.

Las pandillas, cuyos miembros se calculan en 60,000 en un país de 6.5 millones de habitantes, tienen un poder desproporcionado en comparación con sus cifras. Mantienen una presencia amenazadora en 247 de los 262 municipios del país.

Extorsionan a cerca del 70 por ciento de los comercios. Desplazan a comunidades enteras de sus hogares y empujan a miles de salvadoreños a embarcarse en viajes peligrosos para cruzar la frontera de Estados Unidos. Su violencia le cuesta a El Salvador cuatro mil millones de dólares al año, según un estudio del Banco Central de Reserva del país.

Aun así, la investigación determinó que la MS-13 y las pandillas rivales en El Salvador no son empresas transnacionales sofisticadas. Ni siquiera pertenecen a la misma liga financiera que las multimillonarias mafias mexicanas, japonesas y rusas con las que han sido equiparadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Si son mafias, son mafias de pobres. El Salvador ha sido puesto de rodillas por un ejército de moscas.

Los ingresos anuales de la Mara Salvatrucha parecen rondar los 31.2 millones de dólares. Suena a mucho dinero, pero si se divide por partes iguales entre los 40,000 miembros que se estima tiene la MS-13, cada pandillero recibiría 15 dólares a la semana.

Y las pandillas —la MS-13 y sus principales rivales, las facciones Sureños y Revolucionarios, del Barrio 18— no distribuyen sus ganancias equitativamente.

A diferencia de otros grupos considerados mafias de crimen organizado a nivel global, las pandillas salvadoreñas no se mantienen del tráfico internacional de cocaína, armas ni personas, sino de la extorsión.

Dentro de El Salvador, mantienen las riendas del poder en gran medida debido a una exigencia aterradora que se repite —o está implícita— a diario en todo el país: paga o muere.