Open Society: la amenaza confirmada de intervencionismo

La amenaza no puede ser más clara: “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces. Sin embargo, un mejor resultado lo constituye la posibilidad de que el gobierno mexicano se proponga, por cuenta propia, procesar las causas independientemente de que los autores sean actores del gobierno o grupos delictivos.... De acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces”

Y añade el documento “Atrocidades innegables – Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society Justice Initiative: “Con base en tres años de investigación, más de 100 entrevistas y documentos no antes publicados, Atrocidades innegables encuentra fundamentos razonables para sostener que las fuerzas gubernamentales y los miembros de los cárteles del crimen organizado han cometido en México crímenes de lesa humanidad. El informe examina exhaustivamente los motivos por los cuáles se ha logrado tan poca justicia respecto a estos crímenes atroces y concluye que las principales respuestas se encuentran en la obstrucción política”.

Para impedir que el Estado mexicano sea acusado por ¡crímenes de lesa humanidad! Open Society Justice Initiative propone: “Dada la falta de voluntad política para terminar con la impunidad, resulta necesario adoptar otras medidas. Atrocidades innegables propone una serie de cambios institucionales entre los que se destaca la creación de un organismo internacional de investigación, con sede en México, investido con las facultades para investigar y perseguir de forma independiente los crímenes atroces”.

¿Qué es esto? Pues la creación en México de algo muy parecido a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este organismo es el responsable de, entre otras cosas, la persecución en contra de militares y policías que lucharon contra el terrorismo en Guatemala, persecución que ha significado una flagrante violación a los Acuerdos de Paz y a las leyes nacionales guatemaltecas que de esos acuerdos se derivan.

Y la principal ejecutora de esta persecución fue…Claudia Paz y Paz, cuando fue Fiscal General de Guatemala, sí, la ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que vino a México con la misión de exculpar a los responsables de la masacre de Iguala y culpar al gobierno federal y al ejército…

La CICIG (que empezó a operar a partir de 2007) no es otra cosa que una oficina colonial de potencias extranjeras que han anulado la soberanía nacional de Guatemala y suplantado sus leyes e instituciones nacionales.

Pero como en toda empresa colonial o neocolonial la de la CICIG ha necesitado contar con el colaboracionismo de apátridas e idiotas útiles, aunque este servilismo perruno ante el injerencismo extranjero no paga bien. Por ejemplo el presidente Otto Pérez Molina ratificó este ultraje contra Guatemala y ahora –gracias a la CICIG- el tipo está en la cárcel.

No debe caber la menor duda de que en México si algún gobernante aceptara una versión vernácula de la CICIG correría una suerte parecida a la de Molina. Esto es lo que Open Society ofrece al presidente Enrique Peña: si no quieres que los Cascos Azules vengan a detenerte por orden la Corte Penal Internacional, mejor crea una CIGIG para que sean soldados y policías mexicanos los que te detengan y tú y tu predecesor Felipe Calderón pasen el resto de su vida en una prisión de alta seguridad por “crímenes de lesa humanidad”…

Y ¿quiénes son los autores de semejante amenaza? Para empezar George Soros, el patrocinador de Open Society, el especulador que en 1992 provocó la quiebra del Banco de Inglaterra, lo que significó pérdidas por 3,400 millones de libras para los contribuyentes ingleses y…mil millones de dólares de ganancias para esta sanguijuela.

Pero en la elaboración del documento citado intervinieron, entre otras organizaciones mexicanas de manera decisiva, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la más activa promotora de la impunidad de secuestradores y otros viles criminales y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Vidulfo Rosales, sí el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y operador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.

Ya hemos refutado las patrañas acerca de los “crímenes de lesa humanidad” y la interpretación torcida del artículo 5 del Estatuto de Roma, que es la norma fundamental de la Corte Penal Internacional y lo seguiremos haciendo.

Pero lo que cabe destacar ahora es que la amenaza contra la soberanía nacional, sobre la que hemos venido alertado, se ha tonado mucho más real. Ya nadie podrá decir que especulamos.

El gobierno y el Estado mexicano deberían tomar con toda seriedad la amenaza a la seguridad nacional de la que forman parte Open Society y sus asociados nacionales, la mayor jamás enfrentada desde las invasiones militares y despojos territoriales de los que México fue víctima…