Injerencistas selectivos

El tema de moda de las plañideras políticamente correctas es la negativa del gobierno mexicano a recibir a Juan Méndez, el relator sobre tortura de Naciones Unidas.

Méndez en realidad no necesita venir a México para cumplir con su encomienda. Su caso es como el del juez de consigna y prevaricador, quien tampoco precisa del juicio para emitir su veredicto, pues lo tiene escrito de antemano. Y Méndez ya tiene el suyo: en México hay una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos.

Eso es lo mismo que dijo tras una breve visita en 2014. El ya traía la consigna política descalificatoria y actuó conforme a ella.

En México hay un problema real de tortura y violaciones a derechos humanos, pero por supuesto no hay la situación generalizada y sistemática que Méndez y los representantes de otros organismos internacionales dicen.

Los organismos de derechos humanos de la ONU y la CIDH carecen de autoridad moral y credibilidad para evaluar la situación de país alguno. El actual presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Faisal bin Hassan Trad, es el representante del gobierno de Arabia Saudita, uno de los regímenes más represivos y violadores de derechos humanos del mundo entero ¿Qué autoridad moral pueden tener organismos presididos por sujetos de tal calaña?

Pero ¿cuál es el objetivo de presentar a México como si fuera Corea del Norte, Arabia o Cuba? Justificar la creación de un organismo supranacional que anularía la soberanía de México y usurparía las instituciones nacionales.

Esto no es una suposición. Roberto Scarpinato, Fiscal General en la Corte de Apelaciones de Palermo propuso que Naciones Unidas creara un Tribunal Penal Internacional para poner “remedio a la situación de violencia” que vive México. Y en apoyo a su propuesta estaba a su lado Emilio Álvarez Icaza, ya no solo reo de fraude sino candidato a la pérdida de la ciudadanía mexicana en los términos del artículo 35 constitucional.

¿Un tribunal por la violencia en México? La es mucho mayor en Venezuela o en El Salvador y no lo piden para esos países porque…son gobernados por socialistas. De eso se trata todo. A los falsos defensores de derechos humanos estos no les importan, lo que quieren es el poder.