¿Expertos? ¡En violar derechos humanos!

El jueves 17 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá resolvió un recurso de casación: absolvió al Coronel Retirado del Ejército de Colombia, Luis Alfonso Plazas Vega de la condena de 30 años que se le había impuesto por el delito de desaparición forzada.

Pero al ser absuelto y liberado el Coronel había permanecido 8 años y 5 meses en prisión, más de la cuarta parte de la condena que le fue impuesta con base en evidencias falsas ¿Y quién urdió esta grave violación a los derechos humanos del militar? Ángela María Buitrago, quien fuera fiscal en Colombia entre 2006 y 2010 y hoy es integrante -junto con 4 más- del grupo de “expertos” que la CIDH envió a México para el caso de la masacre de Iguala.

¿Por qué Buitrago fabricó evidencia falsa para encarcelar al Coronel Plazas? Porque ella simpatiza con el terrorismo y en particular con el grupo M-19, el mismo que el 6 de noviembre de 1985 tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá. Precisamente el responsable de recuperar la sede judicial y rescatar a los cientos de rehenes fue el Coronel Plazas. La acusación en su contra, de que desapareció a 11 de los rescatados, fue una venganza de Buitrago y sus amigos terroristas.

Los jefes del grupo de “expertos” de la CIDH son Buitrago y Claudia Paz y Paz; los otros 3 son meros achichincles. Respecto a la segunda ya hemos denunciado que como Fiscal General de Guatemala entre 2010 y 2014 encubrió la corrupción del ex presidente Otto Pérez Molina, protegió a grupos violentos creados por la guerrilla a la que ella estuvo vinculada y abuso de su poder al perseguir a la fiscal Gilda Aguilar, por tratar de aplicar la ley a esos mismos grupos violentos protegidos por Paz.

Como parte de esa persecución Gilda Aguilar sufrió un atentado contra su vida, que Paz se negó a investigar. Y no puede descartarse que Paz haya estado implicada en el atentando contra la valiente y honesta fiscal Aguilar.

En suma: los del GIEI son viles violadores de derechos humanos, enviados aquí por la CIDH para exonerar a los responsables de la masacre en Iguala y culpar con falsedad al Ejército y al Gobierno mexicanos. El colmo es que el propio gobierno haya dado 2 millones de dólares a este hato de rufianes y lo sostenga aún.