La corrupción y complicidad de las autoridades en Michoacán

La recuperación de Michoacán pasa, indudablemente, por cuatro etapas: 1) contención y repliegue del crimen organizado; 2) desarticulación de Los Templarios; 3) identificación y detención de los cómplices de los criminales; 4) reconstrucción de las instituciones.

El progreso en los dos primeros objetivos es evidente. Por una parte, el avance de las autodefensas puso en fuga a Los Templarios. Por la otra, las muertes de El Chayo y de Enrique Plancarte -alias El Kike- satisfacen una de las principales demandas de las autodefensas. Si bien, hasta el momento, La Tuta permanece prófugo.

Pero no hay duda que las etapas más complicadas serán las 3 y 4.

La muerte, que no detención, de Plancarte complica las cosas por razones evidentes. Siendo el cerebro financiero del cártel, era depositario de información privilegiada. Así que si de operaciones quirúrgicas y de inteligencia se trata, se le debió haber aprehendido para que hablara.

La complejidad del problema michoacano se puede sintetizar en algunos datos.

Según los líderes de las autodefensas, la estructura de Los Templarios era la siguiente: siete líderes (Nazario Moreno González, El Chayo o El Más Loco; Enrique Plancarte, La Chiva o El Kike; Dionisio Loya Plancarte, El Tío; Servando Gómez Martínez, La Tuta; Ignacio Rentería Andrade, El Nacho o El Cenizo; Samer José Servín Juárez y Pablo Magaña Serrato, La Morsa), 100 jefes de plaza y 500 sicarios (La Razón, 20/ene/14).

En consecuencia, pregunta elemental: ¿cómo una organización de esas dimensiones tuvo el poder de someter a todo un estado?

A lo que hay que añadir dos elementos: a) según cálculos de funcionarios federales, apenas 30 por ciento de los ingresos de Los Templarios provenían del tráfico de drogas; b) entre el resto de las actividades estaban, por supuesto, la extorsión y el robo, pero también la producción y exportación de mineral.

Este último giro, suponía, como ahora bien se sabe, el control del puerto Lázaro Cárdenas.

Así que la conclusión cae por su propio peso: la fuerza de Los Templarios no se explica por sí misma, sino por la corrupción y complicidad de las autoridades a todos los niveles.

Y todos los niveles significa el plano municipal con presidentes sometidos o cómplices, para no hablar del control de los mandos policiacos.

Significa el plano estatal, porque las autoridades correspondientes no sólo no reaccionaron, sino minimizaron o negaron la existencia del problema. Basta recordar las declaraciones de Fausto Vallejo y, luego, de Jesús Reyna, secretario de Gobierno, afirmando que en Tierra Caliente no pasaba nada.

Y significa la complicidad federal porque Lázaro Cárdenas es un puerto federal. Imposible suponer que Los Templarios tuvieran acceso a esas instalaciones, almacenaran y exportaran toneladas y toneladas de hierro sin que nadie se percatara.

La gran pregunta, entonces, es si el gobierno federal está de verdad dispuesto a llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, ya que seguramente implicarán a funcionarios y políticos de muy alto nivel.

Y es aquí donde surgen severas dudas. De entrada, porque hasta la fecha sólo se ha retenido a Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno y ex gobernador interino. Pero habrá que ver cuál es el desenlace de la averiguación en cuestión.

La única voz estridente, ante el silencio y pasividad de las autoridades, ha sido la de los líderes de las autodefensas. Fueron ellos los que terminaron con el mito, propalado por el gobierno de Calderón, que El Más Loco había muerto en un enfrentamiento con Fuerzas Federales.

Y han sido ellos los que han denunciado, una y otra vez, la complicidad entre funcionarios y políticos del gobierno local y Los Templarios. Hecho que, no se presume, se concluye de lo arriba expuesto.

Sin embargo, en lugar de que se haya iniciado una investigación a fondo, quien fue a parar a la cárcel -con una celeridad sorprendente- fue Hipólito Mora.

Por último, no deja de ser una "feliz coincidencia" que la mayoría de los principales líderes Templarios no ha sido detenida, sino ha muerto. Y después de la muerte sólo hay silencio.

Dicho de otro modo, la noche que se anunció la muerte de El Kike, muchos políticos y funcionarios michoacanos durmieron a pierna suelta.

Así que el futuro es incierto, ya que se puede desmantelar el cártel de Los Templarios sin tocar las redes de complicidades ni procesar a nadie. La nueva prioridad del gobierno federal: desarmar a las autodefensas, parecería ser la otra cara de la pasividad y silencio frente a los funcionarios estatales y municipales implicados. Cabe esperar que no sea el caso.