Se debe investigar a gobernantes en Michoacán

Tras la violencia que azota a Michoacán, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal urgió al Gobierno federal que realice una investigación a los gobernantes de todos los niveles.

"Deben ser investigados por omisión, por dejar de hacer las tareas de seguridad, por no brindar las plenas garantías de los michoacanos, por ejemplo, de los religiosos de la Diócesis de Apatzingán que de manera valiente han denunciado el estado de violencia que prevalece en el estado", exigió José Antonio Ortega, en entrevista.

El lunes, Obispos denunciaron que la violencia registrada en Michoacán fue denunciada desde mayo; sin embargo, lamentaron que la labor de las autoridades haya sido ineficaz.

"Se requiere una investigación sistemática y exhaustiva de los gobernantes de los tres niveles de Gobierno, de los ex gobernantes que han brindado protección a los grupos criminales y sus personeros, incluyendo a los familiares del actual Gobernador Fausto Vallejo y del ex Gobernador interino, Jesús Reyna, así como del ex Gobernador Leonel Godoy, entre muchos otros para en su caso acusarlos penalmente y hacer que paguen por sus crímenes", denunció Ortega.

Aparte, durante una conferencia de prensa, consideró que para erradicar la violencia, los homicidios y las extorsiones en Michoacán, las autoridades federales deben desarticular a los grupos criminales, en particular los Caballeros Templarios, capturar y procesar a sus líderes.

En el evento Ortega solicitó además que se agilicen las investigaciones sobre los alcaldes de esa entidad, asesinados por el crimen.

"Un caso es el del Presidente Municipal de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011, la PGR actualmente dispone de información suficiente contra responsables materiales e intelectuales pero se ha negado a proceder. Las investigaciones tienen personajes a quien declarar, pero no se ha hecho nada", indicó.

Al evento asistió Patricia Guzmán Romero, hermana del ex Edil de La Piedad, quien exigió a los gobiernos federal y estatal el esclarecimiento del homicidio.

La exigencia del Consejo también fue respaldada por Ernesto Benítez, del Fondo Unido Rotarios de México; Francisco Landeros, de Suma por la Educación; Bernardo de Legorreta, de la Unión de Padres de Familia de Michoacán, y Humberto Arellano, del Movimiento Blanco en Michoacán, entre otros.