La libre manifestación y los derechos al libre tránsito

Se nos plantea con frecuencia un aparente conflicto entre el derecho a la libre manifestación y los derechos al libre tránsito y a realizar diversas actividades económicas.

Pero lo que hemos vivido en las últimas semanas en la ciudad de México, es ante todo la perversión del derecho a la libre manifestación para usarlo contra sí mismo.

Podemos estar o no a favor del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador que rechaza tanto la pretensión de subir impuestos como la reforma energética.

Pero independientemente de lo que opinemos, debemos estar de acuerdo en que López Obrador -como cualquier ciudadano- tiene derecho a expresarse y que su movimiento representa a una porción muy amplia de la población. Pero cuando este movimiento trató de expresarse el 8 de septiembre, precisamente el día en que se dio a conocer la propuesta de reforma fiscal, no pudo hacerlo a cabalidad, porque un grupo vandálico se había apoderado del Zócalo.

Pero este grupo no solo actúo contra un grupo de mexicanos mucho más amplio y representativo que quienes tenían tomado el Zócalo, sino que causó un daño mayor: impuso a los capitalinos una suerte de “vacuna“ contra el ejercicio del derecho a tomar las calles, cuando más necesario es tomarlas masivamente en todo el país para impedir el nuevo atraco fiscal.

Ahora es más difícil salir a manifestarse, porque muchas personas de buena fe no quieren ser confundidas con los integrantes de los grupos vandálicos. Ahora es más difícil que quienes no participan en marchas simpaticen con quienes sí lo hacemos.

No nos debe sorprender que un día se sepa que los grupos vandálicos que en recientes semanas lo mismo han bloqueado vialidades que lanzado ataques letales contra la policía, hayan actuado por encargo, precisamente de quienes le apuestan a la desmovilización de la sociedad para más fácilmente imponernos el alza de impuestos y una reforma energética que servirá precisamente para justificar el mayor expolio fiscal.

El proceder violento de estos grupos vandálicos y su discurso radical, no alcanza a tapar que sus líderes son ante todo mercenarios al servicio del mejor postor.

Por eso es tan importante defender el derecho a la libre expresión y al mismo tiempo condenar la violencia. En tal sentido manifiesto mi inquietud ante los propósitos de nuevas regulaciones, especialmente por dos razones: porque las limitaciones al ejercicio de la expresión pacífica atentan contra la libertad y porque no creo en que la solución a los problemas sea continuar con el crecimiento sin fin de las leyes y regulaciones, cuando que las existentes -y que sí nos protegen- no se cumplen.

El 27 de junio de 2004 participamos en la marcha más concurrida en la historia de la ciudad y del país, la marcha contra la inseguridad y la impunidad. Pero esa manifestación no habría sido lo que fue si en lugar de ocupar todos los carriles de Paseo de la Reforma y sus laterales…hubiéramos marchado por un solo carril.

Cuando se comienza por limitar la libre manifestación, nadie nos puede garantizar que no terminemos en un Gulag. Además, yo no confío en poner en manos de los políticos la decisión de cuándo, dónde y cómo manifestarnos, porque fueron esos políticos quienes desde 2007 nos despojaron a los ciudadanos de nuestro derecho a la libre expresión sobre política en radio y televisión.

En el ejercicio del derecho a la manifestación como en muchas otras cosas, yo creo en la auto-regulación. Cuando convocamos a la magna marcha de 2004, decidimos desfilar un domingo a partir de las 10:00 a.m. Nadie se quejó por afectaciones al tráfico ni por perjuicios a los negocios del Centro Histórico.

Si procedimos así fue porque, como la mayoría de quienes hacemos uso de la libertad de expresión en forma pacífica, para lograr nuestros objetivos apelamos a obtener la mayor simpatía posible de la población. Sin el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión cometemos excesos, actuamos contra nuestros intereses.

Por el contrario, los violentos no quieren ganarse a la población, sino aterrorizarla para someterla.

Los ciudadanos pacíficos no necesitamos que vengan a ponernos reglas para ejercer nuestra libertad. Las mejores cosas de nuestra sociedad resultan de los órdenes sociales espontáneos como son las iglesias, la familia, el mercado, la organización ciudadana, el arte, la ciencia, el deporte, la convivencia comunitaria y hasta nuestra lengua.

Son órdenes espontáneos porque se construyen a partir de las decisiones libres de las personas que deciden participar en ellos. Estos órdenes se auto-regulan, porque sus reglas se han ido construyendo largamente mediante los consensos y las mutuas adaptaciones de los participantes, no por imposiciones desde afuera.

Lo mismo vale para el ejercicio de la libertad de manifestación en forma pacífica.

Por supuesto para quienes en lugar de manifestarse pacíficamente recurren a la violencia, la ley debe aplicarse mediante el uso racional de la fuerza pública.

Pero para esto no necesitamos nuevas normas, sino aplicar cabalmente, sin concesiones y sin dilaciones, las que ya existen.

Ya hay una ley de justicia cívica. Ya hay un código penal. El problema es que el Jefe de Gobierno, en violación a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, decide no aplicarla.

El problema es también que cuando la ley se aplica se haga en forma desaseada o que después la norma se modifique para lograr la excarcelación de los violentos.

En resumen, lo mejor para nuestra convivencia civilizada es que en el ejercicio de la libre expresión en forma pacífica continúe auto-regulado y se aplique cabalmente la ley contra los violentos y contra las autoridades que se niegan a honran el juramento que hicieron al asumir su cargo.