El gobernador de Guerrero protege a los grupos criminales

El miércoles 14 de agosto organizaciones ciudadanas de Chilpancingo denunciaron que los habitantes de la capital de Guerrero están sometidos a un régimen de terror y extorsión por parte de los grupos criminales, en particular de Los Rojos.

El cobro de “derecho de piso” es permanente, sistemático y generalizado. Casi nadie se escapa de la extorsión: comerciantes, tablajeros, transportistas, taxistas, profesionistas liberales. Todos pagan ante la amenaza de asesinato, secuestro o destrucción de propiedad, incluyendo represalias contra familiares.

Además, decenas de personas han sido secuestradas en lo que va del año. En un día han sido plagiadas hasta seis personas en diferentes acciones. La semana pasada un empresario fue asesinado durante el intento de plagio.

Esta situación sería impensable si los grupos criminales no gozaran de la protección de algunas autoridades municipales, estatales y federales. Si los líderes ciudadanos debieron hacer su denuncia pública en la ciudad de México, es porque saben que algunos de los funcionarios de los tres niveles de gobierno en Chilpancingo, y en general en Guerrero, están coludidos.

Por supuesto que las víctimas y los representantes ciudadanos han acudido ante las citadas autoridades, pero ello sólo ha tenido dos consecuencias: más amenazas de los integrantes de los grupos criminales (que se enteraron de las quejas cuando las reuniones con las autoridades ni habían concluido) y que los delincuentes continuaran operando con plena impunidad.

El gobernador Ángel Aguirre evidentemente protege a los criminales, por omisión. Y si procede así porque participa del botín o no, es secundario.

Los habitantes de Chilpancingo están hartos, desesperados y dispuestos a recurrir a las armas para defenderse. Para no llegar a esos extremos, los denunciantes pidieron la intervención urgente y efectiva del Presidente Enrique Peña, para que se persiga y detenga tanto a los criminales como a las autoridades que los han protegido.

Hasta el momento no hay respuesta. Bien haría el gobierno federal en valorar las consecuencias de no satisfacer esa legítima petición, cuando miles de personas tomen las armas para defenderse y no en una localidad de un municipio rural, sino en la capital de un estado…