Ordena juez a PGR probar caso Ángeles

Una juez federal dio a la PGR un plazo de 24 horas para que cumpla en su totalidad con la orden de corroborar las acusaciones contra el General Tomás Ángeles Dauahare y le advirtió que, de no hacerlo, podría incurrir en responsabilidad penal.

Josefina Mora Dorantes, Juez Décimo Segundo de Distrito en Amparo, hizo la advertencia a la Procuraduría, por incumplir con la suspensión definitiva otorgada a Ángeles y que no fue acatada, lo cual llevó a que ordenara indagar y sancionar a dos fiscales de la SIEDO.

El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud es uno de los funcionarios que debe dar total cumplimiento a la orden judicial o de lo contrario atenerse a una responsabilidad penal.

"Requiérase a la (PGR) para que en el término de 24 horas dé cumplimiento en su totalidad a la medida cautelar concedida, en la medida que le fue establecido; requerimiento que se efectúa de igual manera al titular de dicha (autoridad) responsable, apercibidas de no acatar lo solicitado, podrían incurrir en responsabilidad penal, conforme a lo establecido en el numeral 107, fracción XVII, de la Ley Suprema", indica.

La SIEDO entregó a la juzgadora documentos con los que busca demostrar que ya ha solicitado las diligencias que requirió el General Ángeles Dauahare y que, por tanto, no existe ningún incumplimiento a una suspensión definitiva.

Documentó, por ejemplo, que el 23 de mayo solicitó a Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información de las cuentas del General y que desde el 1 de septiembre de 2010 había pedido a Joseph E. Evans, quien es director Regional de la DEA en México, informes sobre el militar arraigado.

La SIEDO también entregó a la juez documentos que señalan que el 17 de junio de este año el fiscal Jorge Francisco Rubio Salgado pidió a Perisur los videos del mes de junio de 2008, para saber si el General estuvo en ese lugar, como dicen testigos protegidos.

Y también remitió oficios donde se establece que apenas el pasado martes 17 de julio, la subprocuraduría pidió a la Cancillería y el Instituto Nacional de Migración, los antecedentes del pasaporte y los registros de ingresos y salidas del país de Ángeles Dauahare.

El fiscal Rubio Salgado emitió un oficio donde dijo que ya había dado cumplimiento a las peticiones del General en la indagatoria, sin embargo, la juez Josefina Mora Dorantes resolvió ayer que no era así y por eso ordenó que cumpliera en 24 horas las solicitudes faltantes.

En lo particular, según documentos judiciales, la juzgadora señaló que la SIEDO no respondió diversas alegaciones, tampoco al requerimiento de devolver a familiares los objetos particulares del militar y mucho menos informó al acusado si había nuevas pruebas en su contra, además de las que conocía.

Valoran liberación de General

El juez federal Luis Núñez Sandoval, responsable de haber ordenado el arraigo del General de División Tomás Ángeles Dauahare, reportó ayer que valora levantar la medida cautelar que tiene privado de la libertad al militar, desde el pasado 15 de mayo.

Núñez pidió ayer a Josefina Mora Dorantes, juez décimo segundo de distrito en Amparo del DF, una copia donde ella determina que la SIEDO desacató la orden de acordar diligencias para verificar la culpabilidad del militar.

El fallo lo solicita para estudiar si es que procede liberar al divisionario.

"Solicítese al titular de dicho órgano de control constitucional copia certificada de la determinación indicada, con el objeto de que este órgano jurisdiccional lo tome en cuenta al resolver si procede a no el levantamiento del arraigo decretado contra Ángeles Dauahare", indica el resolutivo del juez.

El juez primero federal penal especializado en cateos arraigos e intervención de comunicaciones también le requirió a la SIEDO entregar en un plazo de 72 horas las constancias que demuestren que sí cumplió con todas las diligencias que ordenó la juez Mora Dorantes,

"De no cumplir con lo que aquí se indica, se le impondrá una multa equivalente a 100 días de salario mínimo vigente.

"En este expediente también se aprecia que el fiscal a cargo de la averiguación se ha concretado a recibir las promociones de la defensa del arraigado, sin realizar las gestiones conducentes para el desahogo de las pruebas ofrecidas ni siquiera en el caso de las documentales que fueron exhibidas, las cuales pudo haber tenido por desahogadas por su propia y especial naturaleza", indica el acuerdo.