Juez examina desacato en caso Ángeles

Una juez federal examina el caso del General de División Tomás Ángeles Dauahare, para determinar si la PGR incurrió en desacato al no responder la orden judicial de comprobar la veracidad de dichos de testigos protegidos que acusan de narcotráfico al militar.

Josefina Mora Dorantes, juez Décimo Segundo de Distrito en Amparo del DF, abrió un incidente de violación a una suspensión, para verificar si la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) acató o no el mandato que le giró hace unos días.

La juzgadora concedió previamente una suspensión definitiva, con el propósito de que la SIEDO se pronuncie sobre la solicitud de Ángeles, quien pidió por escrito comprobar las imputaciones; sin embargo, la subprocuraduría no respondió la instrucción del órgano de impartición de justicia.

"Tramítese el incidente de violación a la suspensión, cuya finalidad es determinar si existió violación a la suspensión definitiva por parte de las autoridades responsables y dejar definida y, en su caso, fincada, la responsabilidad de la o de las autoridades que hayan incurrido en la violación a la suspensión definitiva", dice el resolutivo.

Mora instruyó entregarle a la SIEDO una copia de la denuncia de violación a la suspensión, promovida por el General, y le dio tres días para responder. Si lo estima necesario, la juez citará a las partes, dice su fallo en el amparo 653/2012.

Este litigio, que podría establecer que la SIEDO incurrió en desacato a una orden judicial, tiene su origen en un amparo que promovió Ángeles para solicitar que el Ministerio Público tramitara diversas pruebas que ofreció en su descargo, para demostrar la autenticidad de las acusaciones de los testigos protegidos "Jennifer" y Sergio Villarreal, "El Grande", quienes señalan al General de colaborar con los Beltrán Leyva.

Solicitó que la dependencia pidiera a la administración de Perisur los videos de seguridad de junio de 2008, cuando los testigos dicen que fueron por él al centro comercial, para llevarlo a una reunión con narcos.

Pidió también conseguir los reportes del Instituto Nacional de Migración sobre sus ingresos y salidas del país, así como los informes de sus cuentas financieras, en manos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La defensa de Ángeles pretende evidenciar que en junio de 2008 estuvo en Alemania y que no cuenta con un amplio patrimonio, como lo dicen los testigos, que aseguran haberlo sobornado con mensualidades de 500 mil dólares.