A la PGR le faltan pruebas para inculpar a generales

Tras 40 días de investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha encontrado elementos de prueba suficientes que acrediten el supuesto enriquecimiento ilícito de los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González , derivado de sus nexos con la delincuencia organizada.

En la dependencia federal informaron que los cateos a viviendas de los mandos castrenses involucrados y el aseguramiento de cuentas bancarias, no han arrojado "evidencia ministerial contundente" que refuerce los señalamientos de los testigos colaboradores asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010.

Fue por este motivo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó el pasado viernes a un juez federal una ampliación del arraigo por otros 40 días para los dos mandos castrenses y así profundizar en la indagatoria.

De acuerdo con la normativa penal vigente, la medida cautelar en casos de delincuencia organizada puede ampliarse hasta por 40 días más a solicitud del Ministerio Público Federal pero solo en una ocasión, motivo por el que la PGR deberá definir a más tardar en la primera semana de agosto si libera o consigna a los implicados.

El caso en contra de los mandos castrenses, abierto desde hace dos años, está sustentado fundamentalmente en varios señalamientos de testigos protegidos, entre ellos dos ex narcotraficantes con los nombres clave de Mateo y Jennifer.

En dichos testimonios, se advierte de la supuesta protección que habrían brindado varios mandos castrenses, entre ellos los mencionados, en favor de la organización delictiva de los Beltrán Leyva. Lo anterior, a cambio de onerosos pagos de dinero en efectivo.

La defensa del general Ángeles, el militar detenido de mayor grado y cargo al haber ocupado el puesto de ex subsecretario de la Defensa Nacional, ha sostenido que en realidad las pruebas de la procuraduría son "pobres" y carentes de sustento, pues los dichos de los testigos no empatan con la realidad.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del general, explicó que Jennifer es un testigo que sólo dijo "haberse enterado" de los sobornos a generales, mientras que sobre Mateo, las fechas y hechos que indica no corresponden, pues Ángeles no se encontraba en el país y previamente se había retirado.

El abogado obtuvo además una suspensión definitiva de amparo de un juez federal, con la finalidad de que la SIEDO admitiera los elementos de prueba de la defensa.