Hicieron un acuerdo contra piratería y no lo respetan

Ante el desmedido crecimiento que registra a la fecha la venta de discos apócrifos en esta frontera, el Acuerdo Nacional contra la Piratería firmado el 15 de junio de 2006 por representantes del sector empresarial, social y de gobierno del país con el objetivo de ofrecer un frente común contra la comercialización de productos apócrifos, a la fecha constituye letra muerta.

Para directivos de la empresa Sounds, una de las de mayor tradición en materia de música y videos de la ciudad, se trata de “una guerra perdida en tanto las autoridades no tomen una acción realmente agresiva para poner freno a una actividad que sigue creciendo en la ciudad a ritmo vertiginoso y sin un verdadero seguimiento “en gran parte porque sabemos que también está metido el crimen organizado, y así nadie le quiere entrar”, según afirman.

Empresarios locales de ambos ramos aducen que la venta de discos pirata representa ya el negocio informal más boyante de los últimos años, en la actualidad muy relacionado con el crimen organizado, situación que aunada a la corrupción oficial, explica por qué ha crecido al grado de constituir una de las prácticas comerciales ilícitas más rentables en todo el territorio nacional.

El combate a la piratería no es propiamente responsabilidad del Municipio, le corresponde a la Federación, pero sí le compete a Comercio porque es la instancia que autoriza los permisos y allí es donde está fallando; pero la verdad es que se trata de un problema que ya tiene muchos años y no hay quien lo controle, nadie quiere absorber el costo y nosotros no podemos hacer nada si la autoridad quiere que todo en México sea pirata”, señala de manera tajante un directivo de la empresa Sounds, que solicitó la reserva de sus datos.

De acuerdo a reportes del sector privado nacional, pese a las acciones emprendidas por las autoridades, el contrabando y la piratería están avanzando a un ritmo similar o incluso superior al de la economía nacional, al grado de que para el cierre del presente año representará un costo de poco más de 79 mil millones de dólares “lo que significará un incremento de 5.3 por ciento respecto al monto que alcanzó en 2010”.

Ejecutivos discográficos de la localidad aducen que pese a los esfuerzos y las manifestaciones de buena voluntad por parte de la autoridad, la venta ilegal de discos está al alza y actualmente afecta a los negocios locales del ramo hasta en un 85 a 90 por ciento en lo relativo al mercado de la música, y entre un 80 u 85 por ciento a los que se dedican a la venta de películas originales.

Es un tema que nadie quiere tocar por cuestión de votos incluso, y por la corrupción, porque ahí hay dinero de por medio”, señaló el mencionado directivo de Sounds.

Mientras que para el abogado penalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Salinas Espitia, terminar con la piratería en nuestro país es un hecho casi imposible, pues se trata del sector “que más dinero deja luego de la venta de petróleo y las remesas que mandan los paisanos”, para José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, el problema es más de fondo, pues existen claros indicios del involucramiento que en este sentido están teniendo los grupos criminales que operan en el país.

“Todos sabemos que las actividades del crimen organizado no sólo se refieren al trasiego y venta de drogas sino que las plazas, como en este caso Ciudad Juárez, están peleadas porque representan un negocio muy ventajoso para otro tipo de actividades como es la venta de discos pirata, actividad que va muy de la mano como la extorsión, el secuestro, la prostitución y el cobro de piso, entre otras”, señaló.

Al recordar que recientemente se ha mencionado en medios nacionales la detección de claros vínculos entre la venta de discos pirata y los grupos delincuenciales que operan en las distintas zonas del país, el abogado y activista social aduce que además esta actividad ilícita no puede darse del modo en que estamos viendo si no es por la protección que pueden estar recibiendo de la propia autoridad.

En opinión de Ortega Sánchez el apoyo oficial puede variar según el lugar geográfico y el cártel en cuestión, situación que, asegura, ha sido mencionada a nivel periodístico pero de la cual aún no existen pruebas para afirmarlo con plena seguridad.

“En otras partes del país los grupos criminales les imponen su productos a los vendedores, les dice ‘ya no vas a vender éstos, ahora vas a vender los míos’, y esto lo están haciendo grupos como los zetas en el occidente, y esto mismo puede estar sucediendo con otros grupos en Juárez. Respecto a la protección oficial, tengo referencias, pero no un sustento real de esto; pero evidentemente es un hecho que en la venta de discos pirata está vinculado el crimen organizado”, aseveró.

En información publicada por la Asociación Protectora de Cine y Música, se hace saber al público en general que la piratería es un delito tipificado en el Código Penal Federal, en los artículos 424, 424 Bis y 424 Ter, en el primero de los cuales se señala el establecimiento de “prisión de seis meses a seis años y de 300 a tres mil días multa al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos”.

El citado artículo tipifica como delincuente a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, las obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, mientras que en el artículo 424 BIS se considera como delito “la producción, reproducción, introducción al país, el almacenamiento, transporte, distribución, venta o arrendamiento de copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, de manera dolosa, para fines de especulación comercial y sin la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos conexos”.

La sanción alcanza a quienes a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros, así como a quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

La ley señala que dichas actividades ilícitas serán sancionadas con tres a diez años de prisión y de dos mil a 20 mil días de multa.

La ley también condena la venta a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, actividad que “será sancionada con prisión de seis meses a seis años, y de cinco mil a 30 mil días multa”.