Guerrero: La cosecha de tolerar la violencia

En el caso del enfrentamiento en Chilpancingo, Guerrero, primero hay que saber exactamente qué ocurrió, pero esto no excluye ni constatar hechos previos ni ratificar posturas de principios.

Y los hechos previos son que quienes se ostentan como estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, para hacer valer sus exigencias han recurrido a la violencia y que dicha violencia había sido tolerada hasta ahora. Pero tal tolerancia -como siempre ocurre- sólo alienta a quienes violan la ley a ir cada más lejos en sus agresiones.

La postura de principios es que nadie, salvo los agentes del orden autorizados, puede hacer uso de la fuerza (con justificación y de modo racional). No se trata de reprimir manifestaciones pacíficas, pero por menos de lo que los vándalos con excusas “sociales” hacen en México, la policía en toda nación civilizada actúa en defensa de los derechos de terceros, ya se trate de España o de Inglaterra.

Tampoco se trata de usar fuerza letal frente a toda trasgresión de la ley, pero el mismo se justifica cuando los violentos ponen en riesgo las vidas de personas inocentes o atentan contra las de los agentes del orden. Si en efecto quienes bloquearon la carretera además prendieron fuego a una gasolinera y dispararon a los policías, entonces ellos amenazaron la vida de personas inocentes.

Hechos como el ocurrido Chilpancingo son resultado de dos factores: la decisión de determinados actores políticos de recurrir a la violencia para hacer valer sus exigencias (legítimas o no) y la tolerancia de los gobernantes a esa violencia.

Si en lugar de negociar la ley ésta fuera aplicada de inmediato ante la menor trasgresión, no habría después muertes que lamentar.

El que se susciten hechos como el de 12 de diciembre en Guerrero no es una sorpresa, sino el lógico resultado de que además de la tolerancia de facto, la máxima autoridad judicial del país en lugar de demandar la aplicación de la ley exija que ésta se negocie con quienes la violan, con el pretexto de que los transgresores tienen “demandas sociales”.

No debe olvidarse que esa fue precisamente la conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la investigación que practicó sobre los hechos en San Salvador Atenco en 2006.