Agenda de los derechos humanos para el Estado de México

Mi propuesta programática en materia de derechos humanos para el Estado de México, consta de 8 líneas de acción y 4 políticas centrales, a saber:


LÍNEAS DE ACCIÓN
Las líneas de acción son:

  1. Reconocer la real magnitud de la violación a los derechos humanos
  2. Promover el más drástico abatimiento de la inseguridad y de la impunidad
  3. Promover el drástico abatimiento de la violencia en contra de la mujer y los niños
  4. Protección de las garantías de libre tránsito, inviolabilidad de la persona y presunción de inocencia
  5. Contribuir a que los centros de reclusión cumplan con su función primordial de protección a la sociedad y a las propias personas privadas de su libertad
  6. Promover la protección constitucional del derecho a la vida
  7. Promover la superación urgente de los más graves rezagos en materia de servicios urbanos
  8. Promover la desregulación y simplificación administrativa que permita abatir la corrupción y desencadenar la iniciativa de los particulares, sobre todo en época de profunda crisis económica

Paso a una explicación sucinta de estas líneas de acción.

 

1. Reconocer la real magnitud de la violación a los derechos humanos

Propongo dar un vuelco en lo que han sido las prácticas del ombudsman en la defensa del pueblo contra los abusos del poder público.

Partamos del principio de que aquello que no se puede medir no se puede resolver. ¿Sabemos la real magnitud de las violaciones a los derechos humanos en México y en esta entidad federativa en particular? No, no la sabemos. Hasta ahora nos basamos en el número de quejas presentadas, clasificadas por motivos, según los catálogos elaborados con el paso de los años. Pero así como las cifras oficiales sobre delitos denunciados solamente nos dicen una parte de la incidencia criminal, así la estadística sobre las quejas solamente nos dice un parte de la real magnitud de las violaciones a los derechos humanos.

Se podría suponer que en realidad el número de las quejas sobre violaciones más graves se corresponden con la real magnitud de las violaciones. Pero esto solamente es en parte cierto. Veamos por caso la gran cantidad de atrocidades que en territorio mexicano sufren los migrantes centroamericanos y que casi no figuran en los registros de quejas. Veamos el caso de los niños víctimas de Explotación Sexual Comercial (ESCI) y que carecen por completo de eco en los registros oficiales.

Y por supuesto las violaciones menos graves son mucho más que aquellas que dan lugar a quejas. Por tanto, de la misma manera en que para reconocer la real magnitud de la incidencia criminal y de la cifra oculta del delito se recurre a instrumentos como las encuestas de victimización criminal, de la misma manera precisamos de instrumentos alternativos para medir la real magnitud de las violaciones a los derechos humanos.

De no ser así no estamos atendiendo de forma integral la alta responsabilidad del ombudsman.

He tenido oportunidad de conocer la metodología que mexicanos estudiosos han desarrollado para reconocer la real magnitud de las violaciones a los derechos humanos y que es única en el mundo. En caso de ser honrado con la elevadísima encomienda de presidir al organismo público de derechos humanos del Estado de México, me propongo, como punto de partida, poner en práctica dicha metodología, sin menoscabo de cumplir con las funciones y los 25 programas regulares de promoción, protección y observancia de los derechos humanos, así como el mantenimiento de la infraestructura y el desarrollo institucional que actualmente tiene la Comisión.

 

2. Promover el más drástico abatimiento de la inseguridad y de la impunidad

Aún sin haber realizado el citado estudio, podemos afirmar que la violación más masiva y generalizada los derechos humanos en México y en el Estado de México en particular, es a los derechos a la seguridad pública y a la justicia penal. Y podemos decirlo porque ya hay estudios de victimización criminal, como los realizados por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) e incluso con las meras estadísticas sobre delitos denunciados, la suma de estos es ampliamente superior a las quejas por los diversos motivos registradas por la CODHEM.

La violación a estos derechos es, como todos sabemos, fundamentalmente por omisión. Pero cuando el Estado falla en dar seguridad a los gobernados, ha fallado en su tarea primordial y que justifica su razón de existir.

Entre 1994 y 2008 fueron denunciados en el Estado de México 3,048,944 delitos del fuero común. Es decir tal es la cantidad de violaciones al derecho a la seguridad, pues el Estado falló en prevenir, en impedir que esos crímenes ocurrieran. Los responsables de esos crímenes son los individuos que los cometieron, pero el Estado incumplió en disuadir a quienes en sus mentes albergaron la idea de violar los derechos de sus semejantes y la materializaron.

Pero la situación es mucho más grave si se considera la cifra oculta. Mientras que en 2008 fueron denunciados 250,709 delitos del fuero común, conforme al más reciente estudio del ICESI en realidad hubo alrededor de 1.4 millones de delitos, es decir, casi seis veces más que la cifra oficial.

Esto no puede continuar así. No pretendemos que de la noche a la mañana se erradique por completo el delito. Lo que sí es viable es la reducción sistemática de la incidencia criminal, según prueba la experiencia lo mismo de Estados Unidos que de Colombia.

Al agravio que de por sí significa el ser víctima del delito, debe sumarse el agravio de la impunidad. En promedio en el Estado de México solamente los responsables de cuatro de cada cien delitos denunciados reciben una sentencia condenatoria. La impunidad es cercana a la absoluta.

El ombudsman en el Estado de México debe jugar un papel mucho más dinámico para promover un vuelco completo en la operación del sistema de justicia penal, de tal forma que precisamente en forma gradual, pero consiste, se abatan inseguridad e impunidad.

Se propone crear el Programa “Abatimiento de la Impunidad”, que consiste en lograr que se ejecuten las más de 30,400 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por la PGJ del Estado de México, ya que con ese número de órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, existen por lo menos 25 mil delincuentes, activos, impunes y probablemente delinquiendo por negligencia o corrupción de las autoridades policíacas.

Detrás de cada orden de aprehensión hay por lo menos una víctima en espera de justicia, en espera de que el aparato burocrático pueda resarcir parte del daño que le fue inferido por los victimarios que actuaron porque el Estado Mexiquense falló. Respecto de la atención a víctimas del delito, propongo crear el Programa de “Memoria Histórica”, ya que en el Estado han sido asesinados por el delito de secuestro 145 víctimas, de las cuales 130 fueron asesinadas en los últimos 11 años; tenemos que recuperar su rostro, conocer a sus familias, saber su proyecto de vida, para que estos hechos tan lamentables no sigan ocurriendo en el Estado de México, más importante que la atención médica, psicológica y económica de las víctimas del delito y de sus familias, es recuperar su dignidad de personas que les es inherente, ahora las familias están muertas en vida, hay que rescatarlas, ya que han sido olvidadas por la autoridad que falló para prevenir que los hechos ocurrieran, volvió a fallar en la persecución del delito y sigue fallando porque tiene a las víctimas, especialmente a las de los más de 1456 ocurridos entre 1995 a la fecha.

 

3. Promover el drástico abatimiento de la violencia en contra de la mujer y los niños.

Mención especial en el esfuerzo por reducir la violencia merece la que específicamente sufren mujeres y niños, principalmente el marco familiar.

De nuevo, debemos comenzar por conocer la real dimensión de esta violencia. En segundo término deben evaluarse si las políticas seguidas para promover y castigar esta violencia están funcionando o no y tercero, debe imprimirse también un vuelco en las políticas públicas en la materia. Y como parte de ello es fundamental fijarse metas de abatimiento como parte de la aspiración a la final erradicación.

 

4. Protección de las garantías de libre tránsito, inviolabilidad de la persona y presunción de inocencia

Entre las violaciones a derechos humanos que siguen teniendo una alta prevalencia están las detenciones arbitrarias, las retenciones ilegales, los tratos crueles o degradantes, los allanamientos de morada, las revisiones de vehículos y personas sin mandato judicial y en general restricciones anti-constitucionales al derecho al libre tránsito.

Particularmente cuando la inseguridad se agrava la autoridad recurre a la restricción de diversas garantías, lo cual es por sí mismo inaceptable, además de que los  operativos policiales violatorios de garantías individuales han probado hasta la saciedad su ineficacia. Directamente relacionado con esto está el conjunto de las prácticas policiales y la tendencia al exceso de la fuerza pública. Todos conocemos el caso de San Salvador Atenco. El problema no estuvo en la represión legal de quienes sistemáticamente violaron los derechos de terceros. El problema estuvo en no haber actuado antes y que cuando se actuó se cometieron abusos y excesos que jamás debieron haber ocurrido.

El gran reto es lograr una fuerza pública que sea tanto eficaz y expedita como escrupulosamente respetuosa de las garantías, como resultado de una convicción profunda y arraigada en cada agente del orden, además de la existencia de los mejores sistemas de control y auto-contención en las corporaciones.

 

5. Contribuir a que los centros de reclusión cumplan con su función primordial de protección de la sociedad y de las propias personas privadas de su libertad.

Con relación a las prisiones me permito disentir de la creencia generalizada de que su misión es la “readaptación social”. Esto es inexacto porque:

  • Gran parte de los internos ni siquiera han sido sentenciados y se les presume inocentes.
  • Los principales mecanismos de readaptación y reinserción social son la familia y la comunidad.
  • Hay una fracción de los delincuentes presos que son socialmente irredimibles y si no fuera así no se les impondrían penas que significan pasar el resto de sus vidas privados de la libertad.

La función primordial de la prisión es proteger a la sociedad de quienes con su conducta han probado que son un peligro para el resto de los miembros de la comunidad, quienes son respetuoso de la ley en su gran mayoría.

Pero el segundo propósito racional y humanista de la prisión es proteger a los propios reclusos de los peligros de sus compañeros de reclusión, de los abusos, omisiones y negligencia en que las autoridades penitenciarias puedan incurrir. Obviamente esta protección se extiende a los visitantes. Las prisiones no pueden ser “basureros” ni centros de explotación, tampoco de zonas de delito y violencia con niveles superiores a los que prevalecen en el exterior, sino lugares tan seguros como deben serlo los espacios extramuros.

Hay un mínimo de trato digno a los reclusos, incluyendo a los ya hallados culpables, que una sociedad tiene que garantizar, sin el cual esa sociedad se niega a sí misma como civilizada.

Parte de la problemática de la prisión es el hacer efectiva la presunción de inocencia, el que los acusados puedan defenderse en libertad. Este objetivo debe cumplirse a la brevedad posible, sin no más condición que la de garantizar primeramente que el gobierno desarrolle una capacidad aceptable para detener y presentar a quienes sean hallados culpables y condenados a pena corporal.

 

6. Promover la protección constitucional del derecho a la vida.

La Constitución del país y las constituciones del los estados presentan como una de su insuficiencias principales, la falta de un reconocimiento explícito de derechos fundamentales como son a la vida y a la propiedad privada y tales insuficiencias deben ser subsanadas.

Respecto al derecho a la vida, uno de lo desarrollos más encomiables ha sido el que 16 congresos locales del país hayan elevado a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción. Reconozco el compromiso con este derecho fundamental y la altura de miras de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional, entre otros, de aquellos estados.

Una de las prioridades debe ser promover que el Estado de México se sume a tan loable esfuerzo a favor del derecho a la vida, el más fundamental de los derechos.

 

7. Promover la superación urgente de los más graves rezagos en materia de servicios urbanos.

Entre los rezagos sociales más urgentes que el Estado mexicano y el poder público mexiquense deben atender, destaca el relativo a servicios urbanos, específicamente el de agua y drenaje.

No pueden ya repetirse tragedias recurrentes del sistema de drenaje en diversos municipios, que dan lugar a inundaciones y graves perjuicios.

Debe ser tarea del ombudsman promover que haya un programa gubernamental transexenal con objetivos y metas claras, así como plazos perentorios, para la solución, sino definitiva, cuando menos duradera de estos problemas.

 

8. Promover la desregulación y simplificación administrativa que permita abatir la corrupción y desencadenar la iniciativa de los particulares, sobre todo en época de profunda crisis económica.

El protagonista de una sociedad libre no es el Estado, sino el individuo que utiliza su libertad para buscar su felicidad.
Por ello no es signo de salud de la sociedad, sino de lo contrario, el crecimiento explosivo de leyes y toda suerte de regulaciones, como ha venido ocurriendo en
México en los últimos años.

Ningún país ha pasado del subdesarrollo al desarrollo multiplicando leyes, reglamentos, prohibiciones, restricciones y obligaciones. Ninguna sociedad próspera ha perdurado en una prisión de sobre-regulaciones.

El exceso de regulaciones ahoga la vitalidad de una sociedad, que no es otra que la iniciativa de los particulares.

Ya hace muchos siglos lo decía Lao-Tsé: “Cuantas más leyes y ordenanzas se dicten, más ladrones habrá”.

Después de la inseguridad e impunidad, el abuso de poder más extendido es la corrupción. El Estado de México ha figurado en los primeros lugares de corrupción  en las mediciones periódicas de Transparencia Internacional.

El principal caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción es el de las muchas e intrincadas regulaciones.

No es facultad legal del ombudsman la de legislar, pero su mandato sí incluye el pronunciarse sobre la leyes y normas jurídicas ya existentes y las que se procesen el futuro.

 

POLÍTICAS

La puesta en práctica de las líneas de acción, se orientaría conforme a las siguientes políticas, en caso de que un servidor recibiera la alta encomienda de la protección del pueblo frente a los abusos del poder público:

 

a) Autonomía y evaluación integral sobre la base de una política de Estado en materia de derechos humanos

Aunque la autonomía está determinada por la ley, siempre están presentes dos riesgos: que el protector de los derechos humanos sea complaciente y omiso ante los abusos del poder público o que entre en una dinámica de confrontación estéril.

La ley, en principio, es un primer instrumento para sortear estos riesgos, pero no es suficiente.

Creemos que además de la ley y de profundizar la autonomía de la Comisión, es necesario fortalecer la Unidad de información y planeación estratégica que viene evaluando a cada una de las Visitadurías y de las Unidades de la CODHEM, con metas, unidades de medida y su fiscalización de la vigencia de los derechos humanos conforme a la política de estado.

Esto supone en concreto enriquecer el programa estatal de derechos humanos, que basado en un diagnóstico constantemente actualizado como el que hemos señalado, se fije objetivos y metas concretas de respeto a los derechos humanos, a cumplirse en plazos perentorios.

Mediante indicadores, continuar y actualizar periódicamente las tareas de prevención y atención a las quejas puntuales presentadas por los mexiquenses. Los informes periódicos hay que enriquecerlos para que sean la compulsa entre la realidad de la vigencia de los derechos humanos y el modelo deseado.

 

b) Prevención antes que reacción

En toda actividad es mejor prevenir que remediar y en el caso de los derechos humanos, este imperativo es más indispensable.

Se trata de que gran parte de la actividad del ombudsman se oriente a identificar el conjunto de causas que conducen a violaciones recurrentes de garantías y a proponer los cambios para evitar el continuismo de las prácticas indeseables.

Al final del camino, en el Estado debe dejar de haber una ventanilla donde se atienden los abusos que se cometen en otras ventanillas.

 

c) Auto-evaluación del ombudsman sin complacencias y uso racional de los recursos

La principal fuerza del ombudsman es su autoridad moral. Para mantenerla y acrecentarla no basta con la voluntad de defender los derechos humanos, sino que además debe tener eficacia.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos y de reparar violaciones es de los responsables de los poderes e instituciones del Estado, pero si no hay una mejora mensurable de la vigencia de las garantías, parte de esa responsabilidad está en el propio ombudsman.

Por tanto, así como se debe crear un marco amplio e integral para la evaluación del Estado en la materia, debe existir uno para la evaluación externa y la interna del ombudsman, mas allá de las formalidades hoy vigentes. Y parte de esta evaluación es el uso de un criterio estricto de costo-beneficio de los recursos de los contribuyentes colocados bajo la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

En suma se trata de consolidar los muchos avances que hay en el trabajo de la CODHEM y en dar un gran salto adelante.

Muchas gracias.