Caso Posadas, ¿a EU?

Más de una ocasión en los 18 últimos años, presumiblemente de común acuerdo con El Vaticano, la totalidad de los cardenales de Estados Unidos han exigido a los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón , en sus respectivos sexenios y a través de misivas personalizadas, avanzar en las pesquisas en torno al artero crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, hasta su pleno esclarecimiento.

Una ocasión al menos, también, en el mismo lapso, el influyente comité de Derechos Humanos y Asuntos Globales del Capitolio, encabezado  entonces por el congresista Christopher Smith, de Nueva Jersey, dedicó una de sus sesiones al polémico caso, tras la cual reclamó de las autoridades mexicanas un informe conclusivo que, obvio, nunca recibió respuesta.

Este lunes, en San Diego, cardenales y legisladores norteamericanos más, obvio, diversas instancias del gobierno de Barack Obama tendrán la oportunidad —cuando no lo hicieron ya— de conocer la versión e imputaciones que sobre el controvertido crimen dio a las autoridades ministeriales mexicanas, el pasado Viernes de Dolores, el último de los grandes capos del Cártel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix… extraditado a la Unión Americana 15 días después de su explosiva declaración.

A partir de ya, entonces, los (norteamericanos) interesados en el esclarecimiento del crimen perpetrado un 24 de mayo de hace 18 años, y del que al menos en un primer momento, se responsabilizó a los hermanos Arellano Félix, podrán escuchar la declaración del capo según la cual el entonces jefe de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón, no sólo le confió que el cardenal habría sido asesinado “por un grupo de agentes…” de la referida corporación sino que, adicionalmente, le exigió 10 millones de dólares “para desviar la investigación y desestimar (públicamente) la versión…” que les señalaba como directos responsables de lo sucedido a las afueras del aeropuerto internacional de Guadalajara.

Consumada la extradición de Benjamín el 29 de abril pasado, vale decir, no escasearon afirmaciones según las cuales su traslado a San Diego atendía más a alejar al capo de México —y, en consecuencia, de un caso que nadie en el gobierno parece querer (realmente) aclarar— que a atender al requerimiento realizado por el juez ante el que, este lunes, deberá comparecer para ser informado de las acusaciones y procesos abiertos en Estados Unidos en su contra… de manera tal que si ese era el propósito, hoy la operación desplegada no habrá sido más que “una apuesta perdedora…”.