El rasurado de las cifras de la violencia

El combate del Estado mexicano contra el crimen organizado requiere de manera indispensable del apoyo de la sociedad.

Pero es difícil mantener tal apoyo cuando para empezar no hay ni siquiera claridad sobre las cifras del conflicto y si, por el contrario, hay indicios de que los datos oficiales pueden haber sido falseados. Por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas reportó que en 2010 hubo 725 homicidios dolosos en total, mientras que la base de datos del gobierno federal, exclusivamente sobre asesinatos ligados a la delincuencia organizada, indica que en ese estado hubo 1,209.

Pero ese no es el único caso dudoso de cifras en medio de la peor ola de violencia que el país ha vivido en décadas. En 2008 el gobierno del Estado de México reportó 1,261 homicidios dolosos ¡casi 53% menos que los habidos en 2007, el año anterior!

Recientemente el gobernador Enrique Peña Nieto declaró: “En el año 2005 la entidad ocupaba el primer lugar por homicidios dolosos, ahora está en el onceavo lugar, estamos en la media nacional de homicidios”.

Quien le dijo al gobernador que en 2005 el Estado de México ocupó el primer lugar en la incidencia de homicidios dolosos no le informó la verdad: las tasas de este delito por 100 mil habitantes de Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Baja California y Chihuahua fueron superiores a la del estado que él gobierna.

Hay razones para dudar que las cifras de homicidios dolosos reportados por la procuraduría mexiquenses sean ciertas. Para empezar entre 2007 y 2010 los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada crecieron en el Estado de México en un 461%, al pasar de 111 en el primer año a 623 el año pasado. Asimismo, mientras que en 2009 la procuraduría reportó 1,345 homicidios dolosos, el Inegi contó un 38% más: 1,860.

De modo que el gobernador Peña Nieto está obligado a explicar cómo obró el supuesto milagro de una baja tan extraordinaria de los homicidios en su estado y si las cifras que maneja son verdaderas. Para ello, las estadísticas de incidencia criminal de la procuraduría deberían ser auditadas por una entidad independiente.