Humberto Hernández Haddad habla del libro “Los Chacales”

Al estudiar el expediente que se desahogó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido por el grupo de abogados penalistas que han llevado este caso, considero que hoy que se habla de Estado fallido frecuentemente. Nuestro más alto Tribunal dejó ir la oportunidad de haber ejercido la facultad de atracción que le otorga la Constitución en el segundo párrafo del Artículo 97 de nuestra Carta Magna que dice textualmente: “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito ó Magistrado de circuito o designar uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún estado, -como este caso lo pidió el Gobernador del Estado de Jalisco-, únicamente para que averigüe un hecho que constituya una grave violación y alguna garantía constitucional, también podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal  que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal”.

Creo respetuosamente que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no sólo dejó ir la gran oportunidad de devolverle a los mexicanos la confianza en sus instituciones de Justicia federal, sino que abrió una puerta más peligrosa todavía, no la de desconfianza, no la del recelo, la de la pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado mexicano; la de que obligará a los quejosos a acudir por denegación de justicia, a invocar la protección de los preceptos de la Convención Americana de los Derechos Humanos de la cual el Estado Mexicano es adherente, para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Jurisdicción Internacional como última instancia, que se haga justicia en un asunto en donde las instituciones de Justicia del Estado Mexicano no han dado resultados. Que es lo que quieren, empujar a México al calificativo y definición de Estado Fallido. No debemos permitirlo. Debemos de dejar de ser tratados despectivamente como pueblo y hacernos respetar como ciudadanos.

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