Nochixtlán como futuro de la impunidad total

No pudieron elegir mejor lugar para “denunciar” la “represión” del gobierno y en realidad terminar de desnudar su criminalidad y su cinismo: la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Ahí se presentaron sujetos, algunos con muletas, que se dijeron sobrevivientes de la “masacre” de la policía federal y la estatal el 19 de junio, como para dar a entender que la matanza del 2 de octubre de 1968 se había repetido casi 48 años después, pero esta vez no contra estudiantes capitalinos sino contra humildes indígenas mixtecos.

El vocero del show fue pródigo en mentiras, Mis hermanos mixtecos, dijo, sin armas se defendieron del ataque criminal del gobierno mexicano. Los policías atacaron a personas pacíficas, a niños, hubo desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales. Si ellos (los policías), preguntó, fueron los agredidos como dicen ¿dónde están sus muertos, donde están sus heridos? Y remató: El Estado es el responsable de la masacre y no es posible que a más de un mes no haya detenidos.

Vale la pena desmontar cada patraña. La primera es comparar los hechos del 19 de junio de 2016 con los del 2 de octubre de 1968. En el segundo caso agentes del Estado asesinaron a 68 personas (67 manifestantes y un soldado) durante la celebración de una reunión pacífica de personas desarmadas que ejercían su derecho a manifestarse (aunque años después se supo que unos pocos activistas sí portaban armas, no llegaron a usarlas y la gran mayoría de los participantes ni sabían esto ni hicieron uso de la violencia).

El 19 de junio de 2016 la situación fue absolutamente la opuesta. Desde una semana atrás pobladores de Nochixtlán e integrantes de la CNTE tenían bloqueada la carretera que conduce de Oaxaca a la capital del país, es decir cometían el delito de ataques a las vías de comunicación y así perjudicaban a cientos de miles de personas. Nadie quien participaba en el bloqueo era persona pacífica, ni ejercía derecho alguno, porque nadie tiene el derecho a violar el derecho humano de todos al libre tránsito. Menos aún eran inocentes y ni ejercían derecho alguno quienes atacaron a los policías porque nadie tiene derecho a herir o asesinar.

Los policías estatales y federales se presentaron para despejar la vía bloqueada y siguiendo los protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza primero pidieron a estos delincuentes que se retiraran y como no lo hicieron los agentes del orden avanzaron para moverlos. Hasta entonces los policías sólo portaban escudos, pues sus armas de fuego las habían dejado en sus vehículos.

La turba inicialmente se replegó y los policías no siguieron avanzando, pero después la turba avanzó contra los policías en una maniobra para tratar de rodear a los agentes del orden. Los policías fueron agredidos por los delincuentes primero con piedras, bombas incendiarias y cohetones y después con armas de fuego. Los policías, siguiendo los protocolos, regresaron a sus vehículos y usaron sus armas de cargo para repeler la agresión armada. El resultado fue 8 muertos.

El protocolo según el cual actuaron los policías es igual al de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” de Naciones Unidas, que establece:

“9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

“10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.”

Resulta obvio que si los policías ya estaban recibiendo disparos de armas de fuego no hicieron la advertencia de que iban a responder a la agresión, porque hubiera puesto “indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Treinta policías fueron lesionados. De ellos cuatro tienen heridas de armas de fuego por disparos hechos por los delincuentes; un agente perdió tres dedos de una mano por el estallido de un cohetón; a un agente más los delincuentes le rociaron gasolina en los testículos y le prendieron fuego.

De hecho los policías estaban autorizados a utilizar sus armas antes de recibir disparos de armas de fuego, cuando su vida fue puesta en peligro por los delincuentes que bloqueaban la carretera y que los agredieron con cohetones y bombas incendiarias.

En Estados Unidos o Europa es aceptable que los policías usen sus armas de fuego contra delincuentes que amenazan sus vidas aunque no lo hagan con armas de fuego.

De modo que los únicos responsables de lo que ocurrió el 19 de junio de 2016 no son más que los delincuentes de la CNTE y de sus organizaciones aliadas que bloqueaban una carretera y atacaron a la policía incluso con armas de fuego. Los responsables de cada muerte son ellos y nadie más que ellos.

Ya la PGR dará a conocer el resultado de sus investigaciones. Ya dirá cuántos de los fallecidos cayeron por disparos de los policías que se defendían o por disparos de los delincuentes que agredían. Y será decisivo que la PGR determine cuantos de los fallecidos tenían rastros de pólvora y gasolina en las manos.

Y por supuesto habría sido decisivo someter a similares exámenes a los más de 20 delincuentes que fueron detenidos en flagrancia por la policía el 19 de junio. Pero eso no es posible, porque al siguiente día fueron liberados y comenzó así la impunidad.

La semana pasada el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio se comprometió a no “criminalizar” a los sobrevivientes de estos hechos de violencia. Es decir a no aplicar la ley a los sujetos que además de que bloqueaban una carretera (y los siguen haciendo) lanzaron un masivo ataque homicida contra los policías. El ofrecimiento es contrario a la ley, por supuesto, porque sólo al ministerio público corresponder determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal.

Pero si la ilegalidad, injusticia e impunidad se imponen, no sólo los responsables de los hechos del 19 de junio quedarán sin castigo, sino que además el gobierno, que ha claudicado ante la CNTE y sus aliados criminales podría concederles otra de sus exigencias: que los policías que fueron agredidos y se defendieron, incluso aquellos que quedaron mutilados, con graves heridas y aun convalecen, sean encarcelados por el resto de sus vidas.

Si el gobierno federal comete semejante monstruosidad, entonces sí, México será el país más impune del mundo, el país del 100% de impunidad, porque ya no habrá ningún policía que se atreva a hacer uso legítimo de la fuerza frente a la violencia de los delincuentes, pues terminará preso, mientras que todo criminal tendrá el cuidado que enmascarar sus delitos con banderas políticas, sabedor de que así jamás pisará una cárcel…