La CNTE está dirigida a hacer daño a la población

Este pasado 20 de julio un grupo de indígenas de San Juan Chamula, algunos con el rostro cubierto y armados, atacaron el bloqueo que la CNTE mantiene desde el 27 de junio sobre el kilómetro 47 de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas.

Los atacantes desalojaron el campamento e hirieron por lo menos a dos miembros de la CNTE. Más tarde, sin embargo, la CNTE mandó refuerzos y volvió a bloquear la autopista. Ni la policía estatal ni la federal intervinieron ni en la liberación de la autopista ni en el nuevo bloqueo.

La CNTE y sus simpatizantes han descalificado a las personas que liberaron temporalmente la autopista al llamarlos "policías vestidos de civil" o "paramilitares". Mientras tanto, la organización ha mantenido sus innumerables bloqueos de carreteras, calles, vías de ferrocarril y accesos de tiendas, y ha continuado con el robo y a veces quema de autobuses y camiones, ante la inacción, impotencia o negligencia de policías municipales, estatales y federales.

La Coordinadora mantiene una muy hábil política de comunicación, ciertamente mejor que la del gobierno de la República. Cuando sus miembros y simpatizantes bloquean vías de comunicación, vandalizan edificios y oficinas, roban vehículos, toman casetas de peaje, pintarrajean vehículos, impiden el funcionamiento de comercios, rapan o humillan a maestros, funcionarios o policías, presentan sus acciones como una legítima protesta. Si la policía actúa para hacer cumplir la ley, en cambio, se quejan de represión.

La actual estrategia de la CNTE está dirigida a hacer daño a la población. Los líderes han encontrado que es más eficaz hacer 20 bloqueos con grupos pequeños que uno solo con un mayor número de activistas. Los bloqueos no buscan como en el pasado afectar el funcionamiento del gobierno. No están dirigidos a oficinas de gobierno sino a vías de comunicación esenciales para la actividad económica.

Las consecuencias son, por lo tanto, cada vez más importantes. El transporte ferroviario y una parte muy importante del carretero está detenido en Oaxaca y partes de Chiapas y Michoacán. Las ventas de automóviles y de otros productos se han desplomado. El turismo está sufriendo una crisis brutal.

Ni al gobierno federal ni a los estatales les importan estas afectaciones. Los funcionarios buscan simplemente evitar problemas. Rehúyen una confrontación con un grupo poderoso y bien organizado. Quizá lamentan los daños que los activistas están provocando a la actividad económica, pero su prioridad es conservar sus propios empleos y no proteger a los ciudadanos. Olvidan que su responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la ley.

La Coparmex ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares urgentes para obligar a las autoridades a cumplir con la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Hasta la fecha, sin embargo, tampoco la CNDH ha actuado. No es "políticamente correcto" defender los derechos de ciudadanos comunes y correctos.

El problema es que cuando un Estado abdica de su obligación de proteger a los ciudadanos las reacciones violentas se vuelven inevitables. Acciones como las que vimos el 20 de julio en la autopista Tuxtla-San Cristóbal se harán más comunes. Lo hemos visto en otros países. Cuando el Estado deja de funcionar, los ejércitos privados y la violencia se multiplican.