El informe final del GIEI: fraude consumado anunciado

Durante sus primeros seis meses en México los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) simularon que hacían el trabajo para el cual fueron contratados y para el cual recibieron 2 millones de dólares: el de brindar asistencia técnica en la búsqueda de los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y contribuir a esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Y simularon porque no hicieron la menor contribución a la localización de los desaparecidos ni al esclarecimiento de los hechos. Por el contrario se esforzaron en enturbiarlos: intentaron sin pruebas desacreditar los hallazgos de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) basados en evidencia científica al negar que los desaparecidos hayan sido ejecutados y sus cadáveres quemados en el basurero de Cocula por ser supuestamente “científicamente imposible”; insinuaron que la versión oficial se basaba en confesiones obtenidas mediante tortura y la siembra de evidencia; insinuaron también que la versión del destino final de los desaparecidos era una fabricación de la PGR para encubrir los supuestos verdaderos hechos y a los supuestos verdaderos culpables y dieron a entender que esos supuestos verdaderos culpables eran el gobierno federal y el ejército mexicano.

Pero en los últimos siete meses los integrantes del GIEI ya ni siquiera simularon que cumplían la tarea para la cual fueron contratados: han actuado como activistas políticos que promueven la versión totalmente falaz de que la desaparición de los 43 normalistas fue obra del gobierno federal y del ejército mexicano, prueba de lo cual es el viaje por más de un mes de Carlos Besristain a Roma para tratar de que el papa Francisco en su visita a México apoyara su versión, la descalificación del informe de le expertos en fuego que respalda la versión de la PGR y la presentación del segundo informe de los “expertos”.

Este segundo informe es la prueba incontrovertible de que el GIEI y la CIDH cometieron un fraude en perjuicio del gobierno y los contribuyentes mexicanos al embolsarse dos millones de dólares sin cumplir el compromiso de ayudar a localizar a los desaparecidos y a esclarecer los hechos de Iguala.

Sabedores de que su presencia en México cesaría, los integrantes del GIEI en segundo y final informe pasan de las insinuaciones a señalamientos más agresivos contra el gobierno mexicano. De esos señalamientos destacan los siguientes, mismos que comentamos y refutamos:

1. El informe del grupo de expertos en fuego (dado a conocer el 1 de abril de 2016) carece de fundamento científico, no aporta ningún elemento para cambiar la convicción del primer informe del GIEI acerca de que no hubo quema de cadáveres en el basurero de Cocula entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Francisco Cox expresó: “No expone razonamientos científicos que puedan ser contrastados, sino solo afirmaciones, sin explicar el sustento probatorio o científico (…) No contiene cálculos, no hay referencia al informe, no contiene análisis ni razonamiento científico”.

Y añadió: “Es por todas estas razones que el GIEI concluye que no ha habido una sola evidencia para cambiar nuestras conclusiones del 6 de septiembre de que en el basurero de Cocula no se incendiaron a 43 estudiantes”. Además reprochó al grupo de expertos en fuego no hiciera una recreación experimental de la quema de restos, equivalentes a 43 personas: “La pregunta es ¿y por qué no lo hicieron?"

El sentido de insistir en la descalificación sin fundamento de la versión de la PGR y ahora de los resultados del trabajo de los expertos en fuego, pese a que el mismo fue convenido con el propio GIEI, es el mismo que el del primer informe: hacer creer que el gobierno mexicano fabricó una versión para encubrir los que “realmente” paso y a los “verdaderos” responsables, es decir que al final los desaparecidos quedaron en manos del gobierno federal (ejército, Policía Federal).

Si cae la falacia de que no hubo quema se cae todo el tinglado de mentiras e insinuaciones del GIEI: entonces no hubo necesidad torturar detenidos para culparlos, la PGR no fabricó nada, el gobierno federal no tuvo la menor responsabilidad en los hechos y lo del quinto autobús es una ocurrencia (para simular que el GIEI encontró cosas que la PGR no).

Respecto al informe en sí del grupo de expertos en fuego, lo que se dio a conocer fueron los primeros resultados, después de lo cual vendrá un informe científico con el debido rigor, según se anunció el 1 de abril de 2016. Por lo demás lo que ese primer informe refleja no es algo nuevo, sino lo que está ampliando documentando en la literatura científica sobre la quema de restos humanos se necesita una cantidad de combustible mucho menor a la (mal) calculada por José Torero y el GIEI, de poco más de 130 litros de diésel según estimo el especialista Enelio Torres García (Ver AQUÍ). Lo que estos científicos sí consideraron y no Torero es el mal decisivo que la quema de restos humanos tienen la propia grasa corporal.

Cox reclama que no haya habido recreación experimental de la quema de restos. Al respecto tres precisiones:

  • La convicción científica de la quema fue posible está respalda en la experiencia forense y en numerosos experimentos.
  • Lo más probable es que el grupo de expertos en fuego hará esa recreación experimental para determinar si los 43 (y no sólo 17) cadáveres pudieron ser quemados en Cocula.
  • ¿Cómo se atreve el GIEI a reclamar esa recreación experimental cuando ni Torero ni ellos la hicieron para descalificar con absoluta ligereza los resultados de la investigación de la PGR?

La única razón por la cual el GIEI rechaza los resultados de un estudio científico riguroso, realizado por las máximas autoridades académicas del mundo en la materia y que pactó con la PGR, es que contradice sus falacias.

2. Las confesiones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y Cocula fueron obtenidas mediante tortura. EL GIEI asegura que cuando menos 17 de los detenidos presentan lesiones que hace suponer fueron torturados.

El sentido este señalamiento es reforzar la falacia de que no hubo quema de cadáveres en el basurero de Cocula y que la PGR fabricó su versión para ocultar lo que “realmente” ocurrió. Pero el señalamiento entraña un enorme riesgo de impunidad: que con el pretexto de la tortura a parte de los responsables de la desaparición y ejecución de los normalistas sean liberados.

De entrada se antoja muy poco probable que los detenidos hayan sido torturados, cuando que la acusación de la PGR contra ellos no descansa en sus confesiones sino en evidencia científica. Respecto a los policías ¿acaso fueron torturados los testigos, entre ellos los normalistas sobrevivientes, que señalan que fueron los policías los que se llevaron a los 43 desaparecidos?, ¿acaso fueron torturadas las cámaras de seguridad que registraron estos hechos?, ¿acaso fueron torturados los expertos en fuego que concuerdan con la PGR acerca de que la quema fue posible?, ¿acaso fueron torturados los científicos de Innsbruck que identificaron los restos de dos de los desaparecidos?

Por lo demás si se comprobara que en efecto hubo casos de tortura los responsables deberían ser perseguidos y castigados conforme la ley. Pero ello no tendría que significar ni la liberación ni la impunidad de los detenidos supuestamente torturados: están presos no por sus confesiones sino por toda la evidencia acumulada.

3. Personal de la PGR tuvo presencia en el basurero de Cocula y en el río San Juan cuando menos desde el 28 de octubre de 2014, un día antes de lo oficialmente reconocido y los resultados de esa acción no están consignados en el expediente.

El GIEI no hace sino reciclar una versión del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con base en la cual pretenden demostrar que la versión de la PGR fue un montaje iniciado el 29 de octubre de 2014 pero preparado desde un día antes.

Está por verse si el señalamiento es cierto o no, si se trata simplemente de un error de fechas. Ya antes el EAAF y el GIEI ya han mostrado su mala leche, como cuando hablaron de que había proyectiles sin percutir en el basurero de Cocula que la PGR había “sembrado”, cuando que simplemente la PGR consignó muchos objetos hallados en el lugar y jamás señaló algo tan absurdo como que proyectiles íntegros hayan sido utilizados para ejecutar a los normalistas.

Este detalle de ser cierto en realidad es poco relevante, en sí mismo no revela nada y sólo adquiere sentido en la hipótesis no probada de la “fabricación” de una escena del crimen en el basurero por parte de la PGR.

4. El gobierno mexicano se negó a interrogar a integrantes del 27 Batallón de Infantería del ejército mexicano pese a las contradicciones e incongruencias en las declaraciones de los militares.

Esto es una completa patraña del GIEI, que así trata de “probar” que la PGR encubre a integrantes del ejército, a pesar de que desde agosto de 2015 el propio GIEI aseguró que no había la menor evidencia del implicación del ejército en la desaparición de los normalistas.

Pese a no haber siquiera indicios de implicación el ministerio público federal ya ha declarado a los integrantes 27 Batallón de Infantería, algunos de ellos hasta en cuatro ocasiones. Lo que el GIEI pretendía era que sus integrantes interrogaran a los militares cuando que carecen de facultades legales, por ser coadyuvantes.

El interrogar es facultad exclusiva del ministerio público y la PGR le ofreció al GIEI que le entregara su cuestionario para hacer el interrogatorio en su presencia. Pero el GIEI nunca entregó el cuestionario y es hasta ahora en que se empieza a conocer sus contenido.

Y las preguntas del mismo revelan la insidia del GIEI. Una de las preguntas era: ¿por qué los militares no hicieron nada para impedir la “agresión” de los policías municipales contra los normalistas?

La pregunta es insidiosa y absurda porque a menos que se pruebe que los militares sabían de antemano que los normalistas serían desaparecidos y ejecutados no tenían porque intervenir. Los militares lo único que sabían es que policías municipales estaban deteniendo a los normalistas que se encontraban en flagrante delito, pues había robado autobuses con violencia y llevaban privados de la libertad a los choferes.

5. Hubo intervención de elementos de la Policía Federal tanto en la captura de una parte de los estudiantes desaparecidos como en la agresión contra el autobús de Los Avispones.

Esta es una afirmación que no ha sido probada. Apenas la semana pasada la Comisión Nacional de derechos Humanos salió con la versión de un testigo que dijo haber presenciado que dos elementos de la Policía Federal hablaron con policías municipales y que los primeros estaban al tanto de que los normalistas iban a ser desaparecidos.

El testigo aun no declara ante el ministerio público y la versión carece de valor probatorio. En realidad el testigo –el chofer de unos de los autobuses en los que los desaparecidos fueron privados de la libertad- ya había declarado y nunca mencionó el hecho. Está por verse porque no lo hizo en su momento y sí ahora.

Otro supuesto testigo habla de que agentes de la Policía Federal participaron en el ataque a Los Avispones, que perpetraron policías municipales vestidos de civil. Nada de esto obra en el expediente.

Pero aún en el caso de que hubieran participado agentes de la Policía Federal eso significa que la institución o el gobierno federal participaron en los hechos, como de manera insidiosa insinúa el GIEI.

6. El que haya habido teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos que estuvieron activos mucho tiempo después de los hechos en Iguala contradice la versión de que los estudiantes habrían sido asesinados.

La siguiente declaración de Ángela Buitrago durante la conferencia de prensa del 24 de abril de 2016 es una verdadera joya que debería figurar en manuales de lógica general y criminalística como ejemplo del sofisma y la estupidez:

“Este teléfono se mantuvo activo meses después y, desafortunadamente, esta línea de investigación no se agotó en su momento. Para nosotros, el grupo tiene la convicción de que esta información contradice la versión de que los estudiantes habrían sido asesinados".

De modo que si el teléfono de un desaparecido con gran violencia sigue funcionando eso es prueba de que ¡está vivo!

Pero no se trata de algo cómico. Con este tipo de patrañas los muy deshonestos integrantes del GIEI tratan de seguir manipulando los sentimientos de los padres de familia y sus esperanzas de que sus hijos aún estén vivos.

7. La PGR no ha atendido la recomendación del primer informe respecto a seguir la línea de investigación del quinto autobús y su probable relación con el tráfico de heroína hacia Estados Unidos. El autobús que se ha presentado como el quinto y en el cual la PGR ha realizado trabajos periciales no es el que corresponde al que estuvo involucrado en los hechos.

La PGR si atendió la recomendación y resultó que esta hipótesis del GIEI que presentó como su gran aportación para aclarar los hechos no conduce a nada.

El autobús involucrado, para empezar sólo se mueve entre Guerrero y Morelos, muy lejos de la frontera norte como para de ahí llevar droga hacia Estados Unidos. Pero además la PGR no encontró ni rastros de droga ni que el vehículo hubiera sido modificado para llevar escondido un cargamento.

Entonces como la única supuesta aportación del GIEI se revela como una pista falsa, ahora el GIEI dice que no se trata del mismo autobús: lo que sea, menos la verdad.