Álvarez Icaza, reo de fraude

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y Ojo Ciudadano presentamos ante la PGR una denuncia penal en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, por el delito de fraude por un monto de entre 1.25 y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación.

La CIDH recibió la citada cantidad de dinero del gobierno mexicano a cambio de proporcionar asistencia técnica para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y a contribuir a aclarar los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, según un Acuerdo y un addendum signados entre precisamente la CIDH y el gobierno mexicano.

Pero los “expertos” que la CIDH envío a México para cumplir con ese compromiso lejos de honrarlo no han hecho la menor contribución ni a la localización de los desaparecidos ni al esclarecimiento de los hechos y por el contrario han malversado los fondos que les proporcionó el gobierno mexicano.

La actuación fraudulenta de los “expertos” presenta 3 facetas principales. Primera. La CIDH se comprometió a enviar personas probas, pero los “expertos” son todo lo contrario. Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristaín están implicados en graves delitos y violaciones a derechos humanos en otros países, antes de su arribo a México.

Segunda. En lugar de contribuir a aclarar los hechos los expertos han tratado sin fundamento de desacreditar la investigación de la PGR basada en evidencias, han intentado culpar sin pruebas al gobierno y al ejército mexicanos y han promovido que el más de un centenar de responsables materiales e intelectuales de los hechos queden libres e impunes.

Tercera. Los recursos en lugar de ser utilizados en investigar han servido para financiar el activismo político de los “expertos” contra el gobierno mexicano, lo mismo en Roma que en Bruselas.

¿Por qué denunciar a Álvarez Icaza y no a los “expertos”? Primero, porque él es el signatario del Acuerdo y el addendum por parte de la CIDH. Segundo porque el addendum garantiza la inmunidad (impunidad) de los expertos.

Para garantizar la verdad y la justicia en el caso Iguala, este fraude no puede quedar impune y los “expertos” deben irse ya.