Derecho$ Humano$ $A de CV

El 20 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia con relación al caso del llamado “Diario Militar” de Guatemala.

Se trata de una historia con tintes fantásticos, pues supuestamente se halló un documento de 74 páginas del ejército guatemalteco en el que relacionan a 183 guerrilleros, casas cateadas y armamento asegurado. De algunos de los relacionados se menciona su captura (que habría ocurrido a inicios de los ochenta). Y eso sería presunta prueba de la desaparición forzada de los mencionados.

Pues con base en este relato la CIDH emitió la citada sentencia en la que impone al Estado guatemalteco indemnizar a presuntas víctimas directas y familiares por cantidades que van de los 10 mil a los 80 mil dólares. Pero además la Fundación Myrna Mack, promotora del litigio, demandó 212 mil dólares para sí (¡más 15 mil extras por “gastos futuros”!) y 165 mil dólares para la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California. La CIDH “sólo” otorgó 70 mil a la primera y 10 mil a la segunda.

Vaya, el ser ONG es buen negocio: con una mano se obtienen donaciones por dizque no tener fines de lucro y con otra indemnizaciones, que por definición sólo pueden corresponder a víctimas.

No en balde el gobierno de Guatemala denunció ser objeto de extorsión del tipo maras, cuando en octubre de 2013 ONG lo acusaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “criminalizar la protesta social”, es decir, por no permitir actos violentos o ilegales al estilo Ayotzinapa Tras de la queja vendrán la condena y las “indemnizaciones”.

Los Estados y los contribuyentes de América Latina han sido víctimas por años de las extorsiones de las ONG que han hecho de la victimización y la industria del conflicto un gran negocio. Pero todo ha sido favorecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte.

Parte de esa tarea extorsiva es el accionar de los defraudadores del GIEI, de Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz, Omar Vázquez y demás pillastres. Sí, la lana de los contribuyentes es su objetivo central. Pero ceder a su chantaje podría provocar una reacción en cadena, una sangría de proporciones épicas, que el gobierno ni imagina.