Persiste la impunidad y por eso el problema de la inseguridad no se resuelve

Conforme a la más reciente evaluación de la impunidad realizada por este Consejo y que hoy damos a conocer, en México solamente el 8.57% de todos los delitos denunciados del fueron común merecen una sentencia condenatoria, mientras que queda en la impunidad el 91.43% de los crímenes. Esta tasa de impunidad, correspondiente a 2002, es prácticamente igual a la de 2001 (8.5), 2000(8.8%) y 1999 (8.6), o sea que no hay avance en esta materia. Además la tasa de punidad en México es tres veces más baja a la del promedio mundial que es de 24 sentencias condenatorias por cada 100 crímenes denunciados.

Las cinco entidades federativas con  mayores tasas de impunidad son el Estado de México, donde el 96.48% de los crímenes denunciados quedan impunes; Morelos, Quintana Roo, Yucatán y Guerrero.  Y en contraste las cinco entidades donde más delitos denunciados reciben una sentencia condenatoria son: Nayarit, Sonora, Colima, Michoacán y Campeche.  En Nayarit  hay diez veces más sentencias condenatorias que en el Estado de México.

Cabe llamar la atención que, como revelan las tablas estadísticas que se anexan, las entidades federativas con mayores tasas de castigo y menores de impunidad, son aquellas que mayor éxito han tenido a disminuir la incidencia criminal, como es el caso de Nayarit, Colima, Sonora, Campeche y Michoacán. En contraste, las entidades con las mayores tasas de impunidad al mismo tiempo tienen las tasas más elevadas de incidencia criminal y/o donde es más difícil bajarlas. Podemos pronosticar que aquellas entidades federativas que no hagan algo contra la impunidad, terminarán por enfrentar niveles de criminalidad y violencia que no conocían.

Parte de la impunidad es el enorme rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión. Mientras que al concluir 2001 había 211 mil órdenes que no se habían cumplido, al concluir 2002 la cifra del rezago había aumentado a 215 mil.  Esto significa que más de 200 mil presuntos delincuentes - con rostro y nombre están libres, impunes y seguramente en plena actividad criminal. La entidad federativa que presenta que enfrentan el peor rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión es Veracruz con casi 38 mil, a la cual siguen Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Sonora. En estas cinco entidades se concentra casi la mitad de todo el rezago nacional.

Hemos venido insistiendo que para avanzar en el abatimiento de la inseguridad es indispensable que las autoridades responsables se fijen objetivos y metas de abatimiento de este mal así como de la inseguridad. Y un complemento indispensable de esto es que esas autoridades rindan cuentas y que los ciudadanos evaluemos su desempeño. Sin embargo, no puede haber rendición de cuentas ni evaluación ciudadana si se oculta la información.

Hemos solicitado reiteradamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública información estadística sobre incidencia criminal. La solicitud más reciente se hizo en el marco de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Como en ocasiones anteriores el Secretariado Ejecutivo negó la información con el increíble argumento de que los datos estadísticos son de carácter confidencial y de que su revelación atentaría contra la seguridad pública y nacional. Además informó que en lo sucesivo esta información se reservaría durante los próximos 12 años.

Si lo anterior se concreta significaría que durante los próximos 12 años la divulgación de toda información estadística sería equiparable a la comisión del delito de revelación de secretos. En otras palabras: si queremos enterarnos cual fue la incidencia criminal en 2003, deberemos esperar hasta 2015 y eso si las autoridades no deciden extender por otros 12 años el plazo de reserva.

Ante esta respuesta violatoria del artículo sexto constitucional y de la propia Ley de Transparencia, hemos interpuesto recurso de revisión respecto al cual los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública deberán pronunciarse. Vamos a ver si este estos comisionados están para hacer efectiva la transparencia o si por el contrario su labor es la de negar con mayor fuerza que nunca el derecho a la información.

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